13 de diciembre de 2019, 9:16:38
Opinión


Presos políticos

Por Manuel Pascua Mejía


En la segunda mitad del siglo pasado la definición de preso político se diluyó en disquisiciones sobre su alcance y ámbito de aplicación. No hace mucho, la Unión Europea tuvo que definir política y oficialmente qué es un preso político. Se nombró una comisión que en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (3/10/2012) estableció “la” definición. El principal ponente fue el europarlamentario del SPD Christoph Strasser y el texto fijó cinco condiciones coincidentes:

1) Detención efectuada violando alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o sus protocolos.

2) Detención provocada por razones exclusivamente políticas desconectadas de cualquier delito previamente tipificado como tal.

3) La duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se sospecha fue cometido.

4) Detención discriminatoria en comparación con otras detenciones.

5) La detención a través de procedimientos procesales y policiales claramente ilegales y relacionados con motivos políticos.

El govern cesado de Cataluña intentó secesionar su territorio del resto de España de manera contraria a nuestras leyes. Este es el hecho y ni ellos lo discuten. El intento de independencia es contrario a las leyes y es un delito. Las condiciones de preso político no aplican, pues.

La ley es lo único que nos protege e iguala como ciudadanos; sospechar de ella solamente porque sus decisiones no nos convienen circunstancialmente va contra nosotros, contra el privilegio que es tener la condición de ciudadano: Lo jodido de tener principios es que hay que demostrarlo cuando no nos van bien y es principio social fundamental que vivimos bajo el Imperio de la Ley.

Claro que hay leyes injustas, igual que las hay obsoletas y hasta inútiles, pero eso no las hace menos leyes. ¿Y entonces? Entonces hay que derogarlas, abolirlas o sustituirlas, pero utilizando los mecanismos establecidos precisamente por la propia ley, o sea por nosotros mismos vía nuestro parlamento.

Si solo apoyamos el sistema cuando nos conviene, vaya debilidad de sistema. Puedo entender que la portavoz de ERC salga clamando contra la prisión preventiva de su líder, pero que Pablo Iglesias diga que es una vergüenza que en España haya presos políticos me duele.

Iglesias, líder del tercer partido en esta legislatura; profesor universitario de ciencia política; hombre culto, sabe perfectamente que no son presos políticos porque estamos en democracia, dentro del sistema jurídico europeo y con un poder judicial que con mayor o menor acierto es independiente. (Y si no es así, demuéstralo y vayamos juntos a la Fiscalía General del Estado).

La prisión preventiva no es cárcel tras sentencia firme. Las razones, tipificadas, para decretar la entrada en prisión son objetivables en derecho y los abogados saben que pueden replicar todas y cada una de las decisiones judiciales si las consideran injustas o lesivas para sus defendidos. El propio sistema, por elevación, volverá a examinar la decisión del juez. Es el sistema menos injusto y es de aplicación en todos los países europeos. O sea, si las medidas cautelares son adecuadas o no, ha de definirlo un juez, no un abogado ante un micrófono, no la portavoz de la causa, no un tertuliano acaso no neutral.

Aquí lo que hay es una acusación fiscal contra unas personas concretas por delitos concretos. Que son fundados los argumentos de la fiscalía queda patente en la decisión de la juez al aceptar los indicios probatorios de delito. Además decide que hay motivos de sospecha de huida de España (Ahí está la mitad del govern en busca y captura que ahora se declarará en el exilio buscando dar más pena que rabia) decretando el ingreso en prisión. Serán discutibles procedimiento y decisiones, pero no la causa: nada tiene que ver las ideas, hecha la salvedad de que son el germen de su delito: intentar secesionar una parte del territorio.

Imagina a alguien, desahuciado de su casa, con una situación económica difícil, cinco hijos pequeños, un padre con Alzheimer y dos sobrinas con encefalitis que decidiera atracar un banco. Empatizaríamos todos con su causa, pero el delito se habría cometido exactamente igual. Ya vendrá el juicio tras la fase de instrucción y después la sentencia. Hay un camino lleno de reglas, garantías, apelaciones y negociaciones.

Es el sistema y es mejorable, pero solamente a través de la ley. Con la ley todo, sin la ley nada.

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