15 de abril de 2021, 17:46:08
Opinión


De la igualdad y del independentismo

Por Manuel Pascua Mejía


Creo que ningún ser humano es superior a otro, menos aún cuando hablamos de derechos y oportunidades. Esa es la razón primera por la que la gente de izquierdas somos universalistas y refractarios a cualquier nacionalismo. Los que dicen que ese son de izquierdas y al tiempo nacionalistas poseen un sincretismo que no comparto.

No hay una sola razón en el nacionalismo que se base en los principios fundacionales de la izquierda. El nacionalismo es egoísta, excluyente, racista e interesado.

Heribert Barrera, ERC, declaró que "Los negros son menos inteligentes que los blancos" y remató la finesse con "Los problemas del Tercer Mundo no han de caer sobre las espaldas de Cataluña, que sólo tiene seis millones de habitantes" (Enric Villa, Qué piensa Heribert Barrera, Ed. Proa, 2001). Es una concepción de la raza que ya hemos visto mil veces en la historia.

Yo mantengo, y es legítimo, que Cataluña no sería la de hoy sin todos los inmigrantes que tiene trabajando en hostelería, construcción o agricultura; ni la de ayer sin los que vinieron del otro lado del Ebro a poner sus manos y vidas para construir las infraestructuras pagadas desde Madrid con los recursos de todos y le pregunto a Barrera: ¿Esta emigración sobrevenida fue menos inteligente porque los catalanes blancos eran los explotadores y los currantes forasteros los explotados? Es una mala y peligrosa reflexión y rechina que quien la sostiene se declare de izquierdas.

La idea hermosa, grande y humanista de que ningún ser humano es superior a otro solo se consigue mediante el Imperio de la Ley. Sin las leyes estaríamos al albur del más fuerte. Las leyes son un manto protector y el triunfo de la razón sobre la fuerza; respetarlas está en nuestra conveniencia. No es aceptable ni en lógica ni en derecho que alguien pretenda saltarse las leyes y simultáneamente pretenda que no haya consecuencias. Los independentistas deben acatar la ley, como todos. Sabemos que el proceso para obtener sus objetivos es arduo y largo pero es el que hay y solo hay este. Cualquier circunvalación que se empleare, simplemente quedaría fuera de la ley. ¿Imaginaríamos una ley de la Asamblea de Murcia que declarara que la capital de España es Cartagena? Pues tampoco cabe imaginar una ley del Parlament de Cataluña que pudiera disolver la soberanía nacional y, sin embargo, se ha dado: extralimitando las competencias que tienen como parlamento y gobierno autonómicos y despreciando la autoridad en cuyo nombre juraron sus cargos, una mayoría no cualificada de diputados impulsó y aprobó leyes contra nuestro estado, nuestras instituciones y nuestra forma de vida. Es decir, tras incumplir sus juramentos, delinquieron gravemente contra todos los demás.

Nuestro ordenamiento jurídico -bueno, malo o regular, pero son nuestras reglas del juego y nos las hemos dado nosotros- no contempla que una parte del territorio se pueda segregar del resto. Es una obviedad que incluye la mayoría de constituciones occidentales. ¿Quiere eso decir que quedan proscritas las ideas independentistas? Por supuesto que no, exactamente como yo no renuncio a que España llegue a ser una república en lugar de una monarquía: el título X establece los mecanismos para modificar parcial o totalmente la Constitución, incluso cambiándola por una nueva, y en la más dura de las exigencias se exige mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Es decir, sí hay un camino, pero solo hay uno.

No es de recibo esa postura pasivo agresiva que intenta establecer una realidad alternativa trastocando las etiquetas de sus hechos: democracia, gritan, y no se atiende a que hay un camino legal para que haya referéndum; libertad, gritan, pero nadie establece qué o quién les subyuga; justicia, gritan, mientras condenan a todos los no independentistas por fachas, botiflers y traidores: Serrat, Frutos, Sabina, Grandes, el Tribunal Supremo, el PSOE, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la prensa.

Para poder devolver las cosas de la política a los parlamentos hay que retomar el cumplimiento de las leyes y, siguiendo el camino establecido en la constitución, avanzar para que se pueda producir esa consulta que los independentistas reclaman. Aparte queda que las personas que hayan infringido las leyes deberán afrontar sus actos en sede judicial, un principio fundacional de cualquier Contrato Social.
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