2 de junio de 2020, 17:59:53
Nacional


Así intentará rescatar el juez Llarena el proceso como último recurso

> Tras el traspié de la Justicia alemana, se intentará encauzar la causa por la vía de la malversación


La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartaba ayer el delito de rebelión en el proceso de extradición a España del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y eso suponía que ya no se le pueda seguir imputando tal delito, por lo que ha supuesto un auténtico varapalo para la Justicia española. El juez del Tribunal Supremo que lleva el proceso contra los independentistas que se alzaron contra el Estado con su referéndum ilegal intentará reencauzar la causa por la vía de una grave acusación de malversación de fondos púbicos.


El objetivo es que Puigdemont y el resto de líderes del 'procés soberanista' no se vayan de rositas tras el varapalo en Alemania. Desde Cataluña se está celebrando la decisión de este tribunal regional de Schleswig-Holstein, pero Llarena intentará pedir que se estudien los agravantes presuntamente cometidos para malversar fondos públicos y financiar así el referéndum del pasado 1 de octubre.

Según el tribunal germano, la imputación de delito de rebelión es "inadmisible" por no cumplirse el requisito de violencia, si bien estimó que sí puede ser aceptado el delito de malversación de fondos públicos, por lo que el proceso para una eventual extradición sigue adelante por esa vía. La decisión de la justicia alemana impide teóricamente que el Tribunal Supremo le juzgue a Puigdemont ahora por ese delito. Según el diario 'El País', el Supremo estudiará ahora las opciones para impedir que sólo sea juzgado por malversación, entre las que está que se haga una nueva petición a Alemania con otros delitos que el juez Llarena descartó en su auto de procesamiento como sedición, organización criminal y desobediencia.

En todo caso, la imputación del delito de malversación se podría maximizar para que Puigdemont pague con creces su desafío al Estado. Si le acusa de una malversación agravada, le podría pedir pena de prisión de hasta 12 años. Según el Código Penal, si la malversación supera los 250.000 euros, se trata de un delito de gravedad y la pena de cárcel aumenta. Y es que el juez calculó que organizar y celebrar el referéndum ilegal así como el resto del proceso soberanista de 2017 costó 1,6 millones de euros.

La política se pronuncia

Los partidos independentistas celebraron la decisión de la Justicia alemana. El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, insistió en que Europa "ha dicho a la causa catalana". "Es un mensaje durísimo para la Justicia española. La Justicia europea ha dicho que el movimiento independentista catalán se basa en el civismo, nunca en la violencia", añadió. Para el diputado de JxCat Josep Costa se ha demostrado que la Justicia española es "una anomalía europea". El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, dijo que la decisión de la Justicia alemana cambia "de manera sustancial" las opciones de Puigdemont para ser reelegido candidato a la Generalitat.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, recordó en Twitter que él siempre había dicho que nunca hubo violencia por lo que el delito de rebelión es "totalmente infundado". El diputado de ERC Sergi Sabriá dijo que se trata de "un nuevo revés para la injusticia española". Carles Riera, de la CUP, señaló que la puesta en libertad de Puigdemont es "una victoria republicana. "Confirmémosla ya invistiéndolo", añadió.

En cuanto al Gobierno, el Ejecutivo de Rajoy acogió con preocupación la decisión de la Audiencia de Schleswig-Hosltein. Según fuentes de la Moncloa consultadas por 'El País', el Ejecutivo está "convencido" de que la justicia española adoptará las medidas "más adecuadas ante estas nuevas circunstancias para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país".

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