21 de julio de 2019, 20:52:08
Nacional


Ante el próximo fin de ETA, el PP estaría dispuesto a debatir el acercamiento de presos



El portavoz de los populares en el Parlamento vasco, Borja Sémper, afirmó ayer que es posible "evaluar la situación" de los presos y, si se diera el caso, "hacer modificaciones" en lo que respecta a la política de dispersión una vez la banda se disuelva. Dicho procedimiento, añadió, ha de ser fruto de "una reflexión serena y sin prisas".

"Es verdad que la política de dispersión nació con ETA y morirá con ETA", admitió el mandatario popular, que insistió en que cualquier cambio que se produzca al respecto ha de ser resultado "del consenso entre formaciones políticas". Sin embargo, aseguró que el Gobierno no concederá "ningún beneficio penitenciario" a los presos etarras. "Lo más relevante no es dónde cumplan los reclusos su condena, sino que la cumplan", afirmó.

Respecto a la reivindicación del PNV de obtener la competencia de Prisiones, Sémper recordó que el Gobierno vasco ya gestiona prácticamente todos los servicios que se prestan en las cárceles, entre los que se incluyen el traslado de los presos y la seguridad de los centros: "A efectos prácticos, salvo muros y barrotes, todo está transferido", y lo único que queda por ceder es la titularidad de las prisiones y los funcionarios, señaló.

La esperada disolución

Estos días se ha sabido que la banda terrorista anunciará su disolución definitivadurante el primer fin de semana de mayo en un acto que se celebrará en el País Vasco francés y en el que participarán agentes políticos y sociales y personalidades internacionales. La noticia la avanzó la televisión pública vasca, EITB. La última gran banda terrorista en activo fue la irlandesa IRA, desactivada y disuelta desde hace una década. También, el pasado viernes, la banda emitía un comunicado en el que pedía perdón a las víctimas por el dolor causado. Unas disculpas que muchos vieron insuficientes al no incluir a todas las víctimas y equipararlas con las suyas.

Fundada en 1958 y con actividad desde 1959, durante la dictadura franquista, ETA cometió su primera acción violenta en julio de 1961.​ Inicialmente, contó con el apoyo de parte de la sociedad vasca, al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen. Tras el proceso democratizador iniciado en 1977, al cual una parte no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos. Sus actos han sido condenados y calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 hasta la actualidad. Su condición terrorista es plenamente admitida por numerosos Estados y organizaciones internacionales, tales como Francia, Reino Unido,​ Estados Unidos, Canadá,​ la Unión Europea, la Organización de Estados Iberoamericanos,​ la ONU...

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