19 de octubre de 2019, 14:51:02
Nacional


Los gobiernos de País Vasco y Navarra presionarán ahora por el acercamiento de presos de ETA

> Se comprometen a reparar a "todas las víctimas, sea cual sea la causa de su victimización"

Por Diariocrítico

Uxue Barkos e Íñigo Urkullu, presidentes regionales de Navarra y País Vasco respectivamente, han escenificado una postura oficial común ante la disolución de ETA. Ha sido a través de una declaración conjunta en la que apelan a la "memoria crítica" del pasado y presionan para modificar la política de dispersión de presos terroristas.


La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, han acordado llevar a cabo una estrategia común para trabajar por una "convivencia normalizada" tras la disolución de la banda terrorista ETA.

"Necesitamos comenzar una nueva era. Tenemos la firme determinación de no parar, seguimos trabajando por una convivencia normalizada. El camino prosigue", manifestó Urkullu ante la prensa.

Barkos remarcó el "dolor" y pérdidas irreparables que ETA causó en miles y miles de personas -829 muertes oficiales contabiliza el Ministerio del Interior-, "víctimas de una violencia injusta e injustificable". "ETA nunca debió existir", añadió, al tiempo que reivindicó el poder de la memoria para que "lo ocurrido en el pasado no se distorsione o, peor aún, se justifique".

"Lamentablemente, el comunicado final de ETA no ha proyectado una mirada ética y crítica a las consecuencias de su acción, reconociendo la injusticia del daño causado a todas las víctimas, a todas ellas sin excepción. Pero tampoco podemos obviar que el comunicado marca la dirección de un nuevo tiempo; y no lo debemos obviar, porque la sociedad se lo merece. Traslada la definitiva desaparición de ETA y nos sitúa en un nuevo escenario en el que nuestra responsabilidad es la de convertir la tragedia del pasado en esperanza de futuro a partir de esa memoria justa y verdadera", concluyó.

Con ánimo de consolidar las bases democráticas para que el pasado no vuelva a repetirse, Urkullu también reclamó una nueva "etapa de convivencia" basada en la reflexión crítica. Pero no únicamente.

"Durante los últimos años, y tras el anuncio en 2011 por parte de ETA del fin de su actividad armada y toda expresión de violencia, hemos manifestado reiteradamente que la consolidación de la paz y la convivencia tenía tres cuestiones principales y pendientes: el desarme y disolución de ETA, la memoria crítica sobre el pasado y la política penitenciaria. Una de esas tres cuestiones ha quedado despejada", manifestó el líder autonómico.

"Estamos ante un hecho que, aunque llegue muy tarde, tiene carácter histórico porque permite empezar a cerrar definitivamente una etapa negra", sostuvo en relación a la disolución de ETA.

En este contexto, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco se han comprometido a impulsar medidas a corto y a medio plazo.

Por un lado, ambos se comprometen en el corto plazo a promover una reflexión crítica y explícita sobre lo sucedido. "El final de ETA no puede suponer pasar página".

"La construcción del futuro se asienta en el reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas del terrorismo y la violencia" y rechazar "cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación".

Así, con un sentido amplio, también se comprometen a reparar a "todas las víctimas, sea cual sea la causa de su victimización, rechazando cualquier tipo de equiparación compensatoria entre unas u otras vulneraciones de derechos humanos".

Acercamiento de presos

Por otro lado, Barkos y Urkullu se han comprometido a promover un Grupo de trabajo sobre Política Penitenciaria entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el Gobierno español que desarrolle los consensos parlamentarios necesarios para "desarrollar las vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de individuación, reconocimiento del daño causado y reinserción".

Asimismo, prometen "impulsar un proceso de acercamiento de los/as presos/as a cárceles próximas a sus lugares de residencia conforme a lo que establece la legislación penitenciaria (art. 12.1 de la LOGP)", aplicar "con criterio humanitario" el ordenamiento jurídico -atendiendo a enfermos, personas con menores a cargo o septuagenarias-, y promover una política de reinserción con itinerarios viables.

A medio plazo, ambos se comprometen a desarrollar una estrategia integral para la convivencia en ámbitos como la Justicia, la Educación o el "reconocimiento legal de los derechos de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política".

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