24 de agosto de 2019, 17:38:07
Nacional


La familia de Franco quiere enterrar los restos del dictador en la Almudena

Por Diariocrítico

La familia del dictador Francisco Franco ha propuesto que, en el caso de ser exhumado del Valle de los Caídos, sea enterrado de nuevo en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. Los familiares de Franco ya han mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, alegando que se "vulneran" sus derechos con un decreto "inconstitucional", al tiempo que sostienen el Ejecutivo no tiene competencias sobre la Basílica del Valle de los Caídos.


El diario 'La Razón' ha avanzado que la familia de Franco, concretamente Francisco Franco Martínez-Bordiú ha presentado un escrito que recoge 12 argumentos en contra del Real Decreto de Gobierno para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. En ese escrito, los allegados del dictador proponen que, en el caso de que sea exhumado, vuelva a ser enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid.

Cuando el Gobierno anunció sus planes respecto a la exhumación del dictador, dejó claro que la llevaría a cabo con o sin el consentimiento de la familia, aunque habían contactado con ellos para adelantarles sus intenciones. Desde el primer momento, la familia se opuso a la exhumación, pero han decidido que sus restos sean enterrados en la cripta de la Almudena, "donde mis hermanos y yo disponemos de un derecho de inhumación perpetua", según reza el escrito.

Según el escrito publicado por 'La Razón', la familia expone 12 alegaciones contra el Real Decreto del Gobierno, en las que hablan de "profanación", tachan de "deficiente" el proceso del Ejecutivo, y señalan la ausencia de competencias al respecto. En primer lugar, los familiares de Franco consideran "inconstitucional" el decreto del Gobierno, al carecer, a su juicio de los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad".

La familia del dictador defiende que son los únicos "que pueden disponer del destino del cadáver", por lo que consideran vulnerado su derecho a la intimidad en la exhumación, así como el derecho a la libertad religiosa. "El Gobierno y la Administración General del Estado carecen absolutamente de jurisdicción en el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", según señalan apelando al Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre España y la Santa Sede, de 1979.

Critican también que el decreto solo se refiera a Franco, cuando en el Valle de los Caídos "se encuentran los cadáveres de más personas, religiosos y seglares, que no pueden considerarse fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil". La familia de Franco llega a acusar al Gobierno de cometer "delito de profanación, que sigue vigente en el Código Penal".

Su escrito concluye señalando que, de cara a futuros enterramientos, "solo podrían ser inhumados en el Valle personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil; mientras que sólo podrán ser exhumadas las personas cuyas familias hayan dado su visto bueno y siempre que lo permita la autoridad eclesiástica".
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