21 de enero de 2020, 15:45:17
Opinión


Los jueces necesitan ayuda para gobernarse

Por Enrique Gomáriz Moraga


Todavía no habían concluido los ecos del malestar provocado por el Supremo a causa de su pésimo manejo del asunto de las hipotecas, cuando ha estallado un encendido debate sobre la forma en que se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En pocas palabras, justo en el momento en que los órganos supremos de la judicatura necesitan de mayor prestigio y confianza, porque van a enfrentarse a un juicio crucial sobre el secesionismo, se produce la cota más alta de desprestigio del gobierno de los jueces en los últimos cuarenta años. Uno se pregunta si detrás de tanto sinsentido no persistirá un deseo suicida de la democracia española, como un atavismo asentado en las entrañas de la sociedad.

Pero bueno, tratando de superar oscuros pensamientos, cabe examinar de cerca las posturas de este debate sobre el gobierno de los jueces y de ver si es posible proponer una alternativa. Desde luego, el debate parece polarizado entre dos opciones: los que defienden el actual sistema basado en las mayorías parlamentarias (cualificadas eso sí) y los que postulan una elección interna de los propios jueces.

Son conocidos los argumentos de unos y otros. Los que defienden el nombramiento por el parlamento, consideran que es el poder legislativo donde reside la máxima representación popular y que los jueces deben estar por debajo de este poder. Además, si se establecen mayorías cualificadas no hay peligro de decisiones unilaterales. Por otra parte, la elección por los propios jueces presenta el riesgo de ser un proceso corporativista, donde las trenzas de los magistrados podrían mostrar igualmente una lucha por la hegemonía.

Los contrarios a este método, consideran que este procedimiento permite que los partidos políticos metan “las garras” en el sistema judicial y que nadie mejor que los jueces para seleccionar los profesionales más competentes de su institución.

En realidad, ambas fórmulas presentan ventajas e inconvenientes y este debate podría resultar inacabable. Lo curioso del caso es que no parece que ninguna de las posiciones puedan pararse a pensar en lo más obvio: una fórmula mixta. En efecto, los poderes judiciales de muchos países han optado por este procedimiento combinado para elegir la composición de los órganos superiores. Por ejemplo, la Corte Constitucional italiana elige sus miembros por una triple designación: un tercio lo elige el Presidente de la República como Jefe de Estado, otro tercio lo eligen los parlamentarios y el tercio restante lo eligen los propios jueces. Como este, se podrían poner otros ejemplos en Europa y en América. Incluso existen casos en que en la selección intervienen los llamados usuarios jurídicos, como son los Colegios de Abogados y las Asociaciones de Jueces.

Es decir, habría que estudiar bien la ponderación de las proporciones, pero los jueces podrían, por ejemplo, elegir la mitad de los vocales y los parlamentarios la otra mitad; o bien los jueces podrían elegir un 40%, los parlamentarios la misma cantidad y los colegios profesionales la proporción restante. Desde luego, el nombramiento final debería ser hecho por el parlamento, pero puede estudiarse si al vetar en sede parlamentaria un candidato de los jueces, estos se reservan el derecho a sustituirlo desde sus filas. También podrían hacerse combinaciones entre Congreso, Senado y Poder Judicial. En suma, estoy convencido de que puede encontrarse una fórmula mixta que evite los defectos de cualquiera de las dos posturas polarizadas que hasta ahora se proponen.

En todo caso, son imprescindibles dos principios fundamentales para encontrar una alternativa razonable a esta controversia. El primero es que, para encontrar la mejor fórmula mixta, es necesario que prime el sentido de Estado. Si la fórmula se estudia desde estrechas posiciones partidarias, el lastre acabará siendo insalvable. El segundo principio es quizás más innovador. Se trata de abandonar la vieja idea de que la judicatura es un mundo aparte, de personas infalibles o con sabio criterio, que están más allá de la conformación del sistema político, como si no fueran operadores de uno de los tres poderes públicos sino miembros de un poder aparte y fuera de la articulación de los otros dos.

Existe al respecto una confusión terrible, entre la necesaria aceptación de la independencia del poder judicial para cumplir con su labor y la consideración de que la judicatura es un mundo aparte sobre el que nadie puede tener criterio. Como si diera igual que los tribunales pudieran funcionar con un presupuesto u otro. ¿Y quién determina cual es el presupuesto adecuado para el funcionamiento eficaz de la judicatura? ¿Los propios jueces? Mi respuesta es radicalmente contraria. Podría poner ejemplos poco edificantes de casos en que los jueces han tenido demasiado peso en la estipulación de su salario, por ejemplo.

Desde luego, esta percepción externa de mundo aparte es complementada con una apreciación interna entre los propios jueces, que se consideran con frecuencia los que tienen el patrimonio de la justicia en general y de la verdad, lo que les lleva con frecuencia a ceder a la tentación de intervenir como agentes de cambio político directo. Y cuando lo hacen suelen meter la pata hasta el fondo. Ya hemos tenido una prueba de lo torpes que pueden llegar a ser con el asunto de las hipotecas. Es necesario que entre todos les prevengamos de caer en la tentación de creerse dueños de la sabiduría absoluta y del protagonismo.

Todo lo anterior también hay que verlo desde un punto de vista positivo. Los jueces necesitan de la ayuda de los otros poderes públicos y de la ciudadanía. En este punto, el partido Ciudadanos se equivoca cuando cree que los jueces pueden resolver sus problemas sin ayuda de nadie, porque son completamente autosuficientes. Muy por el contrario, los jueces también necesitan ayuda para encontrar una fórmula adecuada que les permita conformar sus órganos de gobierno.

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