La exhumación de Franco, la última batalla del Gobierno Sánchez

Ni el rechazo de la familia y la Fundación Francisco Franco, ni la oposición del prior de la basílica del Valle de los Caídos impedirán la exhumación de los restos del dictador. Es la convicción del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva intentando cumplir con la Ley de Memoria Histórica desde que llegó a la Moncloa.

Aunque Sánchez aseguró que sería cosa de poco tiempo, el procedimiento se ha dilatado durante su breve legislatura, pero el Ejecutivo parece decidido a llevar a cabo la exhumación antes de cesar en sus funciones.

El Consejo de Ministros ha ordenado este viernes la exhumación y ha dado a la familia un nuevo plazo de 15 días para que señale un nuevo lugar de inhumación ya que los restos no pueden ir a la cripta de la catedral de La Almudena, como pretendían los familiares. La ministra de Justicia, Dolores Delgado ha reiterado que la familia debe proponer un lugar "de reinhumación que cumpla con los requisitos que permitan garantizar el orden público y la seguridad ciudadana para el necesario respeto a los derechos y libertades".

"A falta de un señalamiento de reinhumación compatible con los parámetros legales y de orden público y seguridad ciudadana, corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo, lo que hará con máximo respeto a la dignidad de la familia y el decoro y respeto propios. Además, la decisión del Gobierno cuenta con todos los avales jurídicos necesarios que garantizan su legalidad", ha aseverado Delgado.

En estos 15 días se prevé que la familia del dictador recurra al Supremo la exhumación, aunque el Gobierno espera que el tribunal dé luz verde a la exhumación, e incluso podría llevarse a cabo antes de que se pronuncie.

El 24 de agosto de 2018 se acordó la aprobación del Real Decreto-ley 10/2018 por el que se modificó la Ley de Memoria Histórica, un proceso dirigido a la resignificación del Valle de los Caídos para reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Dicho proceso se dirigió a la necesaria exhumación de restos de fallecidos fuera del periodo de la Guerra Civil. Siendo el enterramiento de Francisco Franco el más significado y relevante, se inició el procedimiento administrativo para la exhumación de sus restos mortales.

El Real Decreto-ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018 con sólo dos votos en contra en los términos previstos en la Constitución Española y responde a la voluntad parlamentaria manifestada en la Proposición no de Ley de 11 de mayo de 2017, por la que se instaba al Gobierno de España a afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del Informe de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011 en el que se señalaba como «preferente» la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos.

Además, se da cumplimiento a los numerosos requerimientos de Naciones Unidas sobre medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática, y más concretamente al Informe emitido en julio de 2014 por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en el que se incluye una petición al Gobierno español en el que respecto al Valle de los Caídos se procediera a la retirada de los restos del dictador Francisco Franco.