21 de septiembre de 2019, 17:46:39
Nacional


Cuixart: "La democracia es lo que está por encima de un Estado de derecho"

> "El derecho a votar se gana votando", parafraseó a Marcelino Camacho

Por Diariocrítico

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha defendido la movilización de cara al referéndum del 1-O frente al cumplimiento de la suspensión que realizó el Tribunal Constitucional por colocar por encima los derechos fundamentales. En el juicio que tiene lugar en el Tribunal Supremo, Cuixart argumentó que su entidad era independiente de la vía política dirigida desde la Generalitat; criticó los registros y cierres de webs que se llevaron a cabo sin órdenes judiciales y rechazó que hubiera una respuesta violenta el 20 de septiembre.


El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha defendido el referéndum del 1-O pese a que hubiera sido suspendido por el Tribunal Constitucional argumentando que por encima de esta decisión jurídica están los derechos fundamentales de expresión, manifestación y movilización.

Cuixart argumentó que se les planteó "la disyuntiva entre la suspensión del Tribunal Constitucional y los derechos fundamentales". "La suspensión del Tribunal Constitucional nos plantea el dilema de dejar de ejercer derechos fundamentales. Nosotros nunca vamos a dejar de ejercer derechos fundamentales". A continuación, parafraseó al histórico sindicalista Marcelino Camacho: "El derecho de huelga se gana haciendo huelga, el derecho de manifestación se gana manifestándose, el derecho a votar se gana votando". Fue un "ejercicio de dignidad", sostuvo en el juicio del procés.

"El franquismo también era un Estado de derecho", insistió en otro momento de su intervención. "Es la democracia lo que está por encima de un estado de derecho (...) defender la democracia es obligación de la ciudadanía", remachó. En todo momento aseguró que la respuesta se llevó a cabo de manera "pacífica y serenamente". "La violencia no la hemos utilizado nunca en la historia del catalanismo", aseguró.

Sucesos del 20 de septiembre

En relación a los sucesos del 20 de septiembre ante la conselleria de Economía, Cuixart defendió que sólo fue una respuesta a los "ataques de pertenencia". "El sentimiento de autogobierno, guste o no guste, es una realidad muy arraigada en Cataluña" y la movilización "espontánea" responde a esa situación. Si bien más adelante aseguró que tanto la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como Ómnium asumieron la convocatoria dando cuenta de ella a las autoridades con un documento que habría sido remitido por la ANC.

Cuixart explicó la movilización como una "defensa de las instituciones del autogobierno" que sólo puede entenderse en un contexto concreto en el que se estaba produciendo un "asalto" a las sedes de partidos y residencias de más de 40 directivos y políticos, con más de 750 alcaldes imputados y con un cierre sistemático de páginas web sin órdenes judiciales.

"Cualquier tipo de sociedad cuando ve atacadas sus instituciones de autogobierno respondería sin violencia pero con mucha determinación", explicó en relación a la suspensión de la autonomía financiera de Cataluña hacia el 20 de septiembre.

"No hubo violencia (...) hubo una concentración muy grande", defendió sobre la manifestación ante la Consejería de Economía por los registros que se estaban produciendo en su interior.

"Hasta pasadas las 24h no fue consciente de los daños en los vehículos de la Guardia Civil", aseguró reduciendo a mera anécdota el suceso. "Que se rompa algo me molesta sean o no sean mías y los coches de la Guardia Civil también son parte de Cataluña... pero tampoco me gustan los destrozos de las puertas de un colegio público para quitar unas cajas de plástico", comparó.

"Por aquel pasillo pasó quien quisiera y como quisiera (...) se podía andar, se podía entrar y se podía salir", respondió preguntado sobre la imposibilidad de salir de la comitiva judicial que efectuaba un registro en la conselleria de Economía.

"El concepto de violencia no existía el 21 de septiembre", aseguró. Para defender su argumentación remitió a la prensa del día siguiente en la que no aparecería ninguna mención a Jordi Sánchez ni a Jordi Cuixart. "No pintamos nada (...) éramos desconocidos hasta que entramos en prisión", defendió para reducir su responsabilidad en la convocatoria.

"El 20 de septiembre no era una convocatoria planeada, era una convocatoria espontánea por parte de la gente, decidimos sumarnos a esta protesta", aseguró. "No hubo convocatorias de Ómnium".

Sin embargo, en referencia a un tuit concreto emitido desde la cuenta oficial de la entidad haciendo un llamamiento a manifestarse frente a distintas consellerias aseguró que "enseguida fue rectificado". "El mensaje nuestro no sé si se llegó a mandar, creo que se creó pero que al final se canceló", sostuvo.

En todo momento defendió que "en el 99,9%" de los casos el comportamiento se limitó a un ejercicio de derechos fundamentales si bien admitió que en algún momento "hubo escenarios de una cierta tensión" como los que a su juicio pueden darse hoy día.

Preguntado por sus previsiones de que pudieran producirse episodios violentos Cuixart aseguró que sólo se valoró la "posibilidad de que hubiera infiltrados ante la actitud provocativa del Estado para que hubiera estos altercados...". En todo momento defendió que Ómnium instó a "una actitud serena y organizada" ante la movilización masiva de unas 40.000 personas que se concentraron ante la conselleria de Economía de la Generalitat. "No hubo violencia el 20 de septiembre", insistió en varias ocasiones recordando que él mismo es insumiso y que rechaza la violencia.

Cuixart también respondió que en ningún momento se planteó desconvocar la manifestación una vez iniciada. A las 22:30h se iniciaron los preparativos de la desconvocatoria con los discursos para que a las 24h finalizara como estaba planeado, relató.

Delito de rebelión

Por otro lado, Cuixart se ha desentendido del documento Enfocats, el documento hallado por la Guardia Civil en el domicilio del ex número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, que está siendo utilizado por la Fiscalía para argumentar que en Cataluña se produjo un delito de rebelión.

La Fiscalía también mostró a la Sala de sus emails que aparecen en los informes de la Guardia Civil en el que Cuixart apostaba por crear una campaña "más bestia y potente" con un "tsunami" en "defensa de la democracia" para trabajar ante distintos esecnarios. En el correo, Cuixart cifraba distintas partidas para la campaña, incluida una para cuando les quisieran meter en la cárcel. "De hecho es lo que pasó", puntualizó.

"Recriminarme a mí que apueste por un tsunami democrático... no sé dónde ve lo punible", respondió Cuixart al fiscal asumiendo sus palabras. "Queremos más democracia, sociedades más abiertas y más participativas..." explicó sobre los objetivos de Ómnium.

"Como responsable de Omnium tengo que trabajar por la independencia de la entidad", aseguró Cuixart desentendiéndose de un posible plan conjunto con el Govern en el marco del procés. Eso sí, admitió haber llevado a cabo contactos con formaciones políticas justo antes de la caída de Artur Mas. "Tengo la obligación de hacerlas públicas", aseguró sobre las entrevistas que son públicas.

"Nos ofrecimos como entidad por si podíamos generar consensos (...) actuamos no como relatores, sino de mediadores con la CUP y con otros partidos políticos", aseguró con la intención de promover un gobierno en Cataluña que no tuvo lugar. Mas tuvo que renunciar a la investidura y propuso a Puigdemont.

También se desentendió de la gestión de los dominios de las webs de Ómnium 'cridademocracia.cat' y 'cridaperlademocracia' e insistió en que respondían a una campaña de la entidad para la movilización -como las 6 o 7 llevadas a cabo en los últimos años- al ser preguntado si se utilizaron para hacer un llamamiento a votar el 1-O. Cuixart aseguró que su finalidad era denunciar la "guerra sucia" del Estado y difundir la voluntad de la ciudadanía de celebrar un referéndum y matizó que los mensajes concretos de "movilización permanente" se llevaban a cabo a través del grupo de Whatsapp.

Cuixart se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 17 años de prisión por rebelión frente a los 8 que reclama la Abogacía del Estado por un delito de sedición.

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