14 de noviembre de 2019, 19:36:58
Nacional


Temor en algunos sectores a que el Supremo tire en el juicio la teoría de la 'rebelión' catalana



Va creciendo la sensación de que el Tribunal Supremo, que juzga la causa del 'procés' catalán, referéndum ilegal incluido, podría no condenar a los acusados de un delito de rebelión. Es un sentir que comenzó nada más a conocerse los argumentos de los fiscales contra los procesados, pero que podría cambiar a mejor o peor tras las declaraciones de los cuerpos de seguridad, que aportarán sus informes y sus pruebas.

Se piden penas de hasta 25 años de cárcel por rebelión, pero se muestra complicado demostrar la violencia empleada. Según informa este domingo 'El País', algunos miembros del Tribunal piden una reforma del Código Penal de cara al futuro para diferenciar entre penas leves y graves en casos de rebelión, ya que no se diferencia entre un golpista a punta de pistola y un político como los del procés catalán, que sólo emplearon 'armas' parlamentarias y papeletas de voto.

En caso de crearse esa tipología de delito y de una pronta aprobación del Código Penal, los acusados del procés catalán podrían verse en un futuro beneficiados y salir antes de la cárcel, puesto que "las normas penales se aplican retroactivamente si son más favorables al reo", explica 'El País'.

Las defensas se han dedicado en estas primeras semanas del juicio a demostrar que no hubo violencia y que el Gobierno central no aplicó hasta el 27 de octubre el artículo 155, argumento que según esta visión, demuestra que no había riesgo de violencia en las sociedades catala y española. Tampoco han ayudado las testificaciones de los miembros del anterior Ejecutivo, desde Rajoy, pasando por Soraya Sáenz, Montoro y acabando por Zoido.

El delito de rebelión

El artículo 472 del Código Penal, dentro del apartado de delitos contra la Constitución, establece que serán reos por rebelión "los que se alzaren violenta y públicamente" para determinados objetivos. Entre ellos, la declaración de independencia de una parte del territorio nacional o despojar de poder al Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma.

En concreto, la ley considera los siguientes fines como motivación de la rebelión: derogar, suspender o modificar la Constitución; destituir o despojar de prerrogativas al Rey; impedir la celebración de elecciones para cargos públicos; disolver o sustraer competencias de las Cortes Generales o asambleas autonómicas; declarar la independencia de una parte del territorio nacional; sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio; así como sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

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