16 de diciembre de 2019, 0:55:54
Nacional


Vox Madrid presenta un documento de negociación con ataques a los inmigrantes y al colectivo LGTBI

Por MDO


El último documento propuesto por Vox como punto de partida para llegar a un acuerdo con PP y Ciudadanos que posibilite la investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid pide derogar los artículos de las leyes contra la LGTBIfobia que "atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores morales", así como garantizar a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado acceso directo a la información de que dispone la Administración regional sobre los extranjeros en situación irregular.

Madridiario.es explica este documento que ya tienen sobre la mesa tanto Díaz Ayuso como el líder de Cs en la Comunidad, Ignacio Aguado. Ciudadanos lo considera un "retroceso" y ha asegurado que dista mucho del que ha presentado este partido en la Región de Murcia y que "no es asumible", al tiempo que han señalado que es "incompatible" con algunas de las 155 medidas que han firmado con el PP.

En ese documento, Vox pide derogar artículos de las leyes de 'Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid' y de 'Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual en la Comunidad de Madrid' y con la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Por ejemplo, exige "derogar cualquier normativa que pueda atentar contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española".

También cuestiona los postulados de la violencia de género al pedir que "cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección".

Además, en un punto del documento llamado 'Cumplimiento de la legalidad', Vox Madrid apuesta por "colaborar con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo". "En concreto, garantizar que los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado tienen acceso directo a la información de que dispone la Administración regional sobre los extranjeros en situación irregular", añade.

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