16 de diciembre de 2019, 1:00:19
Opinión


El estudio europeo de valores del BBVA podría afinarse

Por Enrique Gomáriz Moraga


La investigación presentada recientemente sobre valores en cinco países europeos, realizado por la Fundación BBVA, representa un esfuerzo notable de información para aproximarse al conocimiento de la cultura política de esos países (Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España). Es una lástima que no haya despertado demasiada atención en los medios españoles, porque creo que merece la pena revisar sus resultados, incluso desde un punto de vista crítico, tanto respecto del conjunto del estudio como en referencia al perfil diferente que muestra España respecto de los otros países estudiados.

Uno de los aspectos generales que trata la investigación refiere a la relación con la democracia. Desafortunadamente, sólo se busca la opinión de los consultados acerca del funcionamiento de la democracia; es decir, no pregunta sobre la valoración que tienen sobre la democracia y en que medida la apoyan. Se echa de menos preguntas directas en esta materia, como hace, por ejemplo, el Latinobarómetro en América Latina. Es necesario saber la importancia real que la ciudadanía otorga al sistema democrático, en comparación con otros valores o intereses de elevada intensidad. Por ejemplo, con preguntas como ¿aceptaría usted un régimen autoritario si ello mejorara su situación económica? O, en la Europa actual, ¿aceptaría un régimen autoritario si con ello se detuviera la inmigración masiva hacia su país? Porque la proporción de población que respondiera afirmativamente este tipo de preguntas constituiría un buen indicador del valor efectivo que se le otorga a la democracia en la actualidad.

El otro asunto que podría tener más afinamiento se refiere al examen de la ciudadanía. La elección de ítems y su correlación refiere a una visión demasiado general del comportamiento de la ciudadanía en un sistema democrático. Por ejemplo, las preguntas sobre el uso de los medios de comunicación o sobre el interés por la política, podrían permitir la identificación del segmento ciudadano que es indiferente respecto de la cosa pública. Pero la presentación de resultados no se encamina a realizar esa estimación. Uno tiene la sensación de que una mejor orientación podría haber obtenido más sustancia del sondeo.

De igual forma, el marco conceptual del que parte el sondeo parece no distinguir entre ciudadanía activa y ciudadanía sustantiva; entendiendo esta última como ese sector ciudadano que se siente sujeto de derechos, identifica bien las reglas del juego democrático, pero no pertenece a una minoría activa ni se moviliza constantemente (solo cuando la gravedad del asunto lo amerita). De hecho, el estudio considera que la información sobre participación en actividades concretas (firmar una campaña, hacer un boicot a determinado producto, participar en una manifestación, etc.) refleja la consistencia general de la ciudadanía. Y es cierto que existe una correlación frecuente entre ambas cosas, pero puede suceder que un alto activismo sólo refleje la importancia de la ciudadanía activa, y no refleje la dimensión de ciudadanía consciente que no es activista. En otras palabras, puede suceder que al lado del activismo sólo exista una gran cantidad de ciudadanía indiferente, y poca presencia de ciudadanía consciente (sustantiva). La experiencia de la II República nos debiera haber enseñado que esta situación es posible en España.

Por cierto, el perfil que muestra España en el contexto del estudio es bastante peculiar. Algún comentarista moderado ya lo ha señalado, con bastante desconcierto. “(Los españoles son) más de izquierdas que nadie, más de extrema izquierda que nadie, más igualitarios que nadie y más convencidos que nadie de que el Estado tiene la obligación de procurar el bienestar de los ciudadanos interviniendo para ello todo lo que sea necesario”, comenta Ignacio Camacho en ABC. Y aunque exagere un poco la nota, es cierto que hay aspectos en donde la diferencias con otros países europeos son notables.

Uno de ellos refiere a las respuestas ante la pregunta sobre quien debe ser el principal responsable de asegurar un nivel de vida digna, el Estado o la persona misma; en Alemania y el Reino Unido más de la mitad de los consultados responde que la principal responsabilidad corresponde a la persona, mientras que en España el 76% responde que es el Estado. Una diferencia igual de notable aparece cuando se pregunta si debe haber diferencias salariales según la preparación profesional. En Alemania y Reino Unido, más de los dos tercios de la población concuerda con esa idea, mientras que en España es mayoría la gente que piensa que no debe haber diferencias salariales entre personas mejor y peor preparados.

A primera vista, podría pensarse que la responsabilidad concedida al Estado y el rechazo a las diferencias salariales según preparación profesional, serían reflejo de un agudo sentido de valoración de lo público, así como de la justicia y el igualitarismo sociales. Sin embargo, una segunda mirada podría hacernos sospechar que estamos ante una cultura de la irresponsabilidad personal, que busca cobijarse bajo el manto protector del Estado, así como del rechazo del mérito como valor sustantivo que tiene efectos. Rasgos bastante reconocibles en la tradición española. Max Weber diría que esa es la consecuencia de no haber conectado históricamente con la ética reformadora y del trabajo. Claro, desde esta cultura política es fácil comprender la aceptación popular en España de los programas políticos que proponen un gasto público sin respaldo financiero y productivo.

En realidad, cabe la pregunta de si no sería posible una conciliación entre una apreciable presencia del Estado y un incremento de la responsabilidad autónoma personal. O si tienen forzosamente que ser incompatibles la justicia social y aceptación del valor del mérito. Pero los resultados del estudio parecen indicar que ese equilibrio todavía no se ha logrado en la sociedad española.

Diariocrítico.com.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.diariocritico.com