13 de noviembre de 2019, 19:28:44
Nacional


Sánchez: el Gobierno "garantizará la convivencia y la seguridad" tras la sentencia y no descarta aplicar el 155 si es necesario



El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, realizó este lunes una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa una vez conocida la sentencia del procés soberanista catalán del Tribunal Supremo, que condena por sedición a 9 de los procesados y condena por un delito de desobediencia a otros 3 procesados.

Sánchez asegura que el Gobierno "garantizará la convivencia y la seguridad" tras la sentencia y no descarta aplicar el 155 si es necesario: "Firmeza democrática significa aplicar la legalidad. Sin excluir ninguna posibilidad de las que el ordenamiento jurídico vigente le otorga".

También denunció que "fueron atacados los derechos y las libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española" y da todo el apoyo al Supremo, que "ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones". "La sentencia del Tribunal Supremo es el resultado del Estado Social y Democrático de Derecho de España, que los ciudadanos pusimos en pie hace más cuatro décadas", insistió.

Además, ratifica que la sentencia "pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia".

Puedes leer y descargar a continuación la intervención íntegra:

Buenos días a todos y a todas.

Una vez conocido el sentido de la Sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España.

Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia, y como corresponde a un Estado Social y Democrático de Derecho como el español, el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.

La Constitución española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político.

Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia, y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento.

En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.

En nombre del Gobierno quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones. Dando un ejemplo de autonomía y transparencia, de garantías y de profesionalidad; demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial.

La sentencia del Tribunal Supremo es el resultado del Estado Social y Democrático de Derecho de España, que los ciudadanos pusimos en pie hace más cuatro décadas, gracias a la Constitución española, y hay que recordar que uno de los lugares donde más apoyo encontró mediante su voto esa Constitución, la Constitución que nos ampara a todos, fue en Cataluña.

Una Constitución que puso fin a la dictadura franquista. Una Constitución que nos permitió integrarnos en la Unión Europea... Una Constitución, en definitiva, que logró en un tiempo récord, en poco más de 40 años, que España sea hoy una de las mejores democracias del mundo.

Nuestra Constitución recoge tres principios que a mí me gustaría subrayar en esta declaración:

El primero, la igualdad entre ciudadanos. En el cumplimiento de la ley, y por tanto en la respuesta a sus obligaciones, y en el disfrute de derechos y libertades, vivan en el lugar que vivan.

En segundo lugar, la diversidad territorial. La unidad de España se asienta en el reconocimiento de nuestra rica diversidad que se refleja en un alto grado de autogobierno de las Comunidades Autónomas. El nivel de autogobierno en Cataluña, como el del conjunto de gobiernos autonómicos en nuestro país, es de los más elevados del mundo.

Y, en tercer lugar, como cualquier Constitución democrática del mundo, homologable a la Constitución española, la inviolabilidad de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional.

La vulneración de estos tres principios democráticos está en la base de las acciones que han sido sancionadas en la sentencia del Tribunal Supremo.

Primero, se han ignorado los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y se ha originado con ello una fractura de la convivencia dentro de la sociedad catalana.

En segundo lugar, el autogobierno catalán se reconoce y se expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ese Estatuto fue atropellado y quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán.

Y en tercer lugar, la integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados los derechos y las libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española.

Una vez dictada y publicada la sentencia se abre una etapa nueva.

En los próximos días, el Gobierno de España, que cuenta –y quiero, además, recordarlo– con todas las atribuciones que la legalidad le corresponde, se mantendrá atento y garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática. Lo haremos como siempre hemos dicho: con firmeza democrática, con proporcionalidad y desde la unidad.

Firmeza democrática significa aplicar la legalidad. Sin excluir ninguna posibilidad de las que el ordenamiento jurídico vigente le otorga.

En segundo lugar con proporcionalidad, respondiendo con prudencia y con serenidad a las transgresiones que puedan cometerse.

Y con unidad, contando –y eso es lo que espero– con la cooperación leal de todas las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución para actuar con una sola voz.

Más allá de la reacción inmediata a la sentencia –que sin duda alguna va a ser diversa porque es diversa la sociedad catalana y también el conjunto de la sociedad española–, el Gobierno siempre contribuirá a facilitar el reencuentro de la sociedad catalana, fracturada hoy por el independentismo.

Cataluña tiene que dialogar con Cataluña. Es la convivencia en Cataluña lo que está en juego, no la integridad territorial de nuestro país. La Generalitat y el Parlament de Cataluña deben asumir esa responsabilidad: la responsabilidad de representar a todos y cada uno de los catalanes, de gobernar para todos y cada uno de los catalanes, no para una minoría afín a las tesis independentistas. Si así lo hacen, sí que les quiero trasladar que encontrarán al Gobierno de España dispuesto a contribuir al diálogo dentro de la legalidad constitucional.

Hoy concluye un proceso judicial ejemplar pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proyecto político, de un proceso político, que ha fracasado en su intento de obtener respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña.

A partir de hoy, si dejamos de lado los extremismos, podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta de la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña. Una etapa en la que la Cataluña moderna, plural y tolerante acceda a la posición destacada que le corresponde por derecho y por historia dentro de España. Contribuyendo todos juntos al fortalecimiento de esa patria común del siglo XXI que es Europa.

Quiero terminar esta declaración justamente apostando por Europa como futuro compartido; precisamente el proyecto donde la sociedad catalana, y también el conjunto de la sociedad española se encuentran y se reconocen.

Nuestro tiempo tiene desafíos que exigen compartir soberanías, no trocearlas. Y Europa es el espacio común en el que vamos a responder a los desafíos del siglo XXI.

La transformación de nuestra economía y nuestras sociedades que provoca la revolución digital; la salvaguarda de los derechos sociales y libertades que configuran nuestro modelo de convivencia; la respuesta al cambio climático… tienen dimensión global y sólo pueden afrontarse en el seno de un proyecto supranacional que en nuestro caso es la Unión Europea.

En los tiempos en los que demandamos una defensa común europea, una política exterior unitaria, una política migratoria compartida, un seguro de desempleo común, luchar contra los paraísos fiscales, instalación de un salario mínimo interprofesional europeo, una integración financiera, una armonización fiscal y otras muchas cuestiones, vinculadas con las exigencias medioambientales o la lucha contra el terrorismo internacional, carece de sentido caminar en sentido inverso.

Quedan, en definitiva, algunos días en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva. Y en esa etapa nueva, el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo; y la regla solo puede ser la ley, la Constitución española.

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