15 de noviembre de 2019, 5:38:01
Nacional


El caso de Forcadell alerta a Torrent: peligra su futuro legal si continúa la actual dirección



El caso de Carme Forcadell comienza a alertar a Roger Torrent, su sucesor como presidente del Parlament catalán. Forcadell fue condenada en la reciente sentencia del Tribunal Supremo por a 11 años y 6 meses de prisión por un delito de sedición, un espejo donde empieza a mirarse el joven político de ERC.

Torrent ya ha sido avisado por el Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial que lleva días admitiendo recursos contra resoluciones del Parlament donde, de nuevo, com en 2017, se buscan iniciativas para debatir la independencia catalana, así como el intento de reprobación al rey Felipe VI. La pasada semana llegó a advertir a los miembros de la Mesa de la asamblea catalana de las posibles responsabilidades penales que acarrea favorecer iniciativas en el marco del procés independentista.

"Si abrimos la puerta a la censura sabemos cómo se empieza, pero no cómo se acaba (...) ¿Quién decidirá qué pueden opinar o qué no los diputados?", protestó después Torrent, pero el aviso ya está sobre la mesa. El TC, por su parte, advirtió por escrito a todos los miembros de la dirección del Parlament que "su obligación" es "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

En realidad se le está alertando de que no repita el camino de Forcadell, condenada a 11 años y 6 meses por sedición porque el Código Penal establece que este delito lo cometen aquellos que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

En el caso de un responsable de un Parlamento autonómico, sería punible que se levante ilegalmente -aunque sea sin uso de la fuerza- contra la aplicación de la Ley vigente, sin cumplir sus funciones acorde a lo exigido por ley, así como no cumplir las resoluciones judiciales.

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