9 de abril de 2020, 10:54:49
Nacional


PP y Cs salvan al PSOE dando luz verde al decreto contra la 'república digital catalana'

> Unidas Podemos se ha abstenido y ERC ha votado en contra en un momento clave en las negociaciones

Por Diariocrítico


El PSOE no ha conseguido el respaldo de sus socios pero sí el de dos de sus adversarios en la Diputación Permanente del Congreso, para sacar adelante el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de administración digital por razones de seguridad pública, con el que se pretende frenar la llamada 'república digital catalana'. Con el apoyo de PP y Ciudadanos, los socialistas han conseguido luz verde al decreto, en una votación en la que Unidas Podemos se ha abstenido y ERC ha votado en contra.

En pleno proceso de negociación entre el PSOE y ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez, la Diputación Permanente del Congreso ha aprobado la convalidación del Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

El Real Decreto-Ley, aprobado por 50 votos a favor, (PSOE, PP y Ciudadanos) 10 en contra (partidos nacionalistas y Vox) y 8 abstenciones (Unidas Podemos), será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia tras superar su votación.

Se trata del primer encontronazo político entre el PSOE y Unidas Podemos, que han sellado un acuerdo para formar un Gobierno de coalición. Sin embargo, los 'morados' han criticado con dureza el decreto de sus socios, y han optado por la abstención.

Sánchez ya anunció en campaña que no permitiría "independencia online ni offline" de Cataluña, por lo que avanzó la medida para evitar que la Generalitat intente crear una estructura digital para fines contrarios al orden constitucional.

El real decreto del Gobierno

El Gobierno en funciones aprobó este Real Decreto-Ley para "reforzar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, aparte del interés general de España en su totalidad demográfica y territorial".

"Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos", defiende Moncloa.

Entre otras medidas, el real decreto-ley establece que el Documento Nacional de Identidad (DNI), con carácter exclusivo y excluyente, es el único documento con valor suficiente por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.

Por otro lado, establece medidas en materia de identificación electrónica ante las Administraciones Públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones Públicas. De esta manera, se refuerza el acceso de los ciudadanos a dichas administraciones y la protección de sus datos personales. Para ello, el Real Decreto-Ley incluye también medidas en materia de contratación pública para garantizar que los contratistas cumplan la normativa en materia de protección de datos y seguridad pública.

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se consideran válidos a efectos de firma: sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos; sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado; y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca.

En la misma línea, se establece la obligación de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea. Salvo algunas excepciones, estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional y, en cualquier caso, se encuentran disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Respecto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se incluye la obligación de los pliegos de mencionar expresamente el futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. Además, se hará constar en el pliego tanto la finalidad de la cesión de datos como la obligación de la empresa adjudicataria de mantener al contratante al corriente de la ubicación de los correspondientes servidores.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 identifica las ciberamenazas y el espionaje como amenazas que comprometen o socavan la seguridad nacional y, con ello, singulariza la ciberseguridad como uno de sus ámbitos prioritarios de actuación. Por ello, en el ámbito de las telecomunicaciones, con el presente Real Decreto-Ley se establecen medidas para identificar mejor las ciberamenazas y reaccionar ante el espionaje y la utilización incorrecta de datos en casos esenciales para el funcionamiento de una democracia, como los procesos electorales.

De este modo, se refuerza la seguridad en materia de telecomunicaciones con el objetivo de potenciar las facultades de que dispone el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Empresa, para afrontar situaciones que pueden afectar al mantenimiento del orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. El decreto amplía los supuestos en los que dicho Ministerio puede adoptar medidas cautelares en casos de razones de urgencia sin audiencia previa del presunto infractor, pudiendo incluir el cese de la actividad o la prestación de servicios.

También incorpora medidas para reforzar la coordinación en materia de seguridad de las redes y sistemas de información. Por ello, el Centro Criptológico Nacional (CCN) ejerce la coordinación nacional de la respuesta técnica de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) en materia de seguridad de las redes y sistemas de información del sector público.

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