29 de marzo de 2020, 3:17:20
Nacional


Torra desafía a la justicia española: "A mí no me inhabilitará un tribunal con motivación política"



Una vez inhabilitado Quim Torra por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia al no retirar lazos amarillos y otros símbolos independentistas, el president ha reaccionado en una rueda de prensa donde desafía a la Justicia. Lo hace crecido tras conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que daba la razón a la causa soberanista en tanto en cuanto Oriol Junqueras, al ser eurodiputado electo, debió ser excarcelado cuando era preso preventivo.

Torra, muy contundente, ha afirmado que "a mí no me inhabilitará un tribunal con motivación política" y que tiene "nula confianza" en la justicia española, a la que enmarca en un contexto de desprestigio internacional tras el citado fallo del TJUE. "Hoy hemos visto cómo se hacía justicia en Europa. Hace falta que busquemos la justicia fuera cuando se nos niega aquí", declaró el líder independentista.

En todo caso, el president recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña para no ser inhabilitado, asegurando que "mi condena será su condena". "Ésta es la desproporción de un gobierno que quiere poner y quitar presidentes de Cataluña", denunció.

Y ahora, ¿qué?: pues Torra podrá seguir sin problemas en el cargo pese a la condena de inhabilitación para cargo público durante año y medio y una multa de 30.000 euros porque la sentencia no es firme al no estar dictada por un tribunal de mayor instancia donde se pueda presentar un recurso. Incluso en ese caso de que el Supremo no le dé la razón, podría recurrir al Tribunal Constitucional. También, después, a intancias europeas como hizo Oriol Junqueras con su situación penitenciaria preventiva.

Esta mañana, Torra celebraba por videoconferencia con Carles Puigdemont el fallo favorable a Junqueras, festejado por el soberanismo catalán como una victoria legal que piensan extender a más causas, como la del propio Puigdemont, eurodiputado electo en las elecciones de mayo pero sin las posiblidades de firmar su acta al no disponer de los papeles en regla como ciudadano español.

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