1 de diciembre de 2020, 7:09:25
Nacional


Todas las claves de la nueva ley de memoria que ha presentado el Gobierno

> Se impulsan las exhumaciones, se anulan sentencias del franquismo y se ilegaliza la Fundación Franco



"Nunca más España debe perder sus libertades. Ahora nos toca profundizar la democracia y trasladarla a las generaciones futuras". Así presentaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes la Ley de memoria democrática la vicepresidenta Carmen Calvo.

El Gobierno da el relevo natural así a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero: "El Gobierno ha decidido ir hacia donde tocaba ir tras la ley de 2007. La democracia española no se podía permitir ni un día más sin una ley como ésta", zanjó Calvo.

La nueva normativa se centrará sobre todo en el "reconocimiento para las víctimas" de la dictudura franquista y el Estado va a hacerse "cargo en términos económicos y de seguridad para la identificación y rendirle el tributo de paz que se merecen".

"Es una ley con 66 artículos. Uno de los objetivos fundamentales es la defensa de nuestro pasado democrático", explicó también Calvo. En cuanto a la polémica existencia de la Fundación Francisco Franco, Calvo evitó una respuesta directa pero sí dejó claro que con la ley no habrá "fundaciones con el objetivo de enaltecer el totalitarismo".

En cuanto a la orden benedictina que vive en el Valle de los Caídos, Calvo considera que se "extinguirá" con el tiempo, sin necesidad de una expulsión del lugar, que tendrá una "resignificación" como cementerio civil de "todas las víctimas" de la Guerra Civil y la dictadura posterior.

Todo sobre la Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática fija la definición de víctima de la Guerra Civil y la dictadura, objeto de reconocimiento y reparación. Recoge la condena de las violaciones cometidas, la ilegitimidad de los órganos que las perpetraron y la nulidad de las resoluciones dictadas.

Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.

Se instauran dos fechas de homenaje a las víctimas. El 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978 como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas;y el 8 de mayo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura. "El 8 de mayo es el día en que Europa recuerda y se repite a sí misma que nunca más el fascismo, y el 31 de octubre es la fecha en la que los españoles aprueban el texto de la Carta Magna", ha explicado Calvo.

Un Título que también recoge la elaboración un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dando respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas en ese periodo.

Para articular las políticas integrales de Memoria Democrática, se crea un Consejo Territorial como instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con participación de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se creará un órgano para su participación y consulta.

La búsqueda de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura se asume como responsabilidad del Estado. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones, y se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

El derecho a la justicia también se regula en esta ley. Se crea la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Tendrá las funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

En lo que respecta a las medidas de reparación, se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

La ley aborda el deber de memoria como garantía de no repetición. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la Memoria Democrática. Se revocarán distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.

Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista, como la Fundación Nacional Francisco Franco.

En el plano educativo, se actualizan contenidos curriculares para ESO y Bachillerato con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Se contempla la constitución de una Fundación del Sector Público, cuyo objeto será contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno Constitucionales.

Se regulan los Lugares de Memoria Democrática con una función conmemorativa y didáctica. En cuanto al Valle de los Caídos, se resignificará con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos tienen el carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, se procederá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura. Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Régimen sancionador

El Título IV de esta ley incorpora un régimen sancionador regulador de las infracciones y sanciones, en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público. Establece multas que van desde los 200 euros para las infracciones más leves hasta los 150.000 euros para las muy graves.

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