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27 de enero de 2021, 22:04:12 |
La cadena de clínicas Dentix entra en concurso de acreedores
La cadena de servicios de odontología Dentix ha declarado el concurso de acreedores, acogiéndose a la ley de protección de quiebras, ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas con KKR, BBVA y Cetelem, sus principales financiadores.
Ya en el mes de junio, tras el cierre vinculado al estado de alarma, la cadena solo reabrió un reducido número de sus 350 clínicas en España, lo que motivó la creación de una plataforma de afectados, a través de la organización de consumidores Facua.
En un comunicado, Dentix ha informado de la entrada en concurso de acreedores y ha arremetido contra el fondo estadounidense de capital de riesgo KKR, por haber retirado la oferta que presentó el pasado mes de enero. Con una deuda cercana a los 240 millones de euros, Dentix tendrá que despedir a la práctica totalidad de su plantilla.
"KKR ha reiterado su negativa a cumplir con sus obligaciones contractuales de inversión en el grupo, abandonando a la compañía, sus trabajadores, acreedores y pacientes", denuncia la compañía en un comunicado.
La organización de consumidores Facua, ha recibido multitud de peticiones de asesoramiento por parte de los pacientes, a los que distintas entidades financieras reclaman el pago de los préstamos gestionados por Dentix para la financiación de sus tratamientos pese a que llevan meses paralizados o ni siquiera se iniciaron. "A estas irregularidades se suman los casos que la asociación está recibiendo de afectados por mala praxis, una defectuosa prestación de los servicios y la falta de atención adecuada", afirman.
Las últimas entidades con las que Dentix estaba facilitando la contratación de préstamos son Abanca, Cetelem, Pepper y BBVA. Hay afectados que firmaron estos préstamos vinculados con Sabadell y la antigua Evo Finance, ahora denominada Spymp (Servicios Prescriptor y Medios de Pagos). La empresa también asumió la continuación de parte de los tratamientos de las desaparecidas clínicas iDental, con préstamos vinculados a diferentes entidades.
Facua critica que "más de dos años después de que estallase el escándalo iDental, ni el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el actual hayan realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula las clínicas dentales para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación. La más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía".
La asociación indicaba que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, y reclamaba una serie de modificaciones, entre las que consta la exigencia del seguro de responsabilidad civil que incluyera el riesgo de cierre o quiebra del negocio.
Cierres de grandes cadenas
En los últimos años se han sucedido los cierres de numerosas cadenas de clínicas dentales dejando indefensos a cientos de miles de consumidores y causándoles numerosos daños y perjuicios económicos y a su salud. Buena parte de las clínicas que han cerrado respondían a un modelo de negocio basado en un rápido crecimiento por todo el país, sustentado en la financiación de los tratamientos y en fuertes campañas publicitarias de captación clientes-pacientes.
"La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y la protección de su salud, la mala gestión empresarial en unos casos y el fraude intencionado en otros, han derivado en el cierre y caída sobrevenida de buena parte de estos negocios", denuncia Facua.
Cierres desordenados, "sin previo aviso ni a autoridades sanitarias ni a pacientes, que dejan indefensos a usuarios que se encuentran, de un día para otro, desamparados y abandonados, con tratamientos dentales inacabados, incompletos, mal ejecutados, servicios prestados que quedarán sin garantía, daños causados por negligencias profesionales y uso de materiales de baja calidad, pérdida de sus historias clínicas y préstamos firmados con bancos y financieras a los que hacer frente".