22 de octubre de 2021, 15:06:29
Nacional


El voto particular de Conde-Pumpido: el fallo del Constitucional "desarma al Estado contra las pandemias"

Por Diariocrítico


El mismo día en que se ha conocido la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulo el confinamiento domiciliario decretado en el primer estado de alarma, la cadena Ser ha adelantado el voto particular de uno de los cinco magistrados que se opusieron al fallo, el del magistrado Cándido Conde-Pumpido.

El Constitucional ha quedado dividido en dos a raíz del recurso de Vox contra el primer estado de alarma, y es que mientras 6 magistrados coinciden en que debió decretarse el estado de excepción ante la "grave alteración del orden público" y la "altísima intensidad" de las restricciones, otros 5 magistrados han planteado votos particulares, contrarios a este criterio.

Conde-Pumpido, uno de los 5 votos particulares contra el fallo del Constitucional

Según ha desvelado la Cadena Ser, el vocal Cándido Conde-Pumpido considera que el Constitucional "no resuelve sino que crea un grave problema político" con su sentencia, ya que "desarma al Estado contra las pandemias".

"El fallo no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos", a juicio de Conde-Pumpido, que tacha de "muy pobre" la argumentación de los magistrados sobre la necesidad de haber declarado el estado de excepción.

El vocal recuerda en su voto particular que el Constitucional ha estimado en parte un recurso presentado por Vox, formación que apoyó "expresamente el debate y la votación parlamentaria" la prórroga del estado de alarma, que posteriormente recurrió.

A diferencia del criterio de los 6 magistrados que hablan de "suspensión" o "vaciamiento" de derechos fundamentales durante el estado de alarma, Conde-Pumpido afirma que se produjo una "limitación" de estos derechos, al tiempo que considera que no existió una "grave alteración del orden público".

Los seis magistrados que se impusieron en la votación destacan que la pandemia trascendió el ámbito sanitario y supuso una "grave alteración del orden público". Según sus argumentos, "la epidemia imposibilitó el normal ejercicio de los derechos, de las instituciones democráticas; provocó la saturación de los servicios sanitarios y no permitió mantener con normalidad ni las actividades educativas ni las de casi cualquier otra naturaleza".

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