18 de septiembre de 2021, 15:10:57
Nacional


El Tribunal de Justicia de la UE deja sin inmunidad a Puigdemont, pero espera que no sea detenido



El Tribunal General de la UE ha desestimado la demanda de suspensión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, que estaban a la espera del fallo.

Los antecedentes se remontan al 13 de enero y al 10 de febrero de 2020, cuando el Europarlamento recibió unos suplicatorios de suspensión de la inmunidad para los 3 políticos independentistas, eurodiputados electos.

La finalidad de dichos suplicatorios, presentados por el Tribunal Supremo español era dar curso a la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas contra los diputados.

En marzo de este año, el Parlamento de Estrasburgo suspendió la inmunidad de los 3 y en mayo ellos interpusieron ante este Tribunal General europeo un recurso de anulación contra las citadas decisiones.

Argumentaban que el Europarlamento no les garantizaba la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, y que se vulneraba los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Ahora, el vicepresidente de este tibunal europeo revoca su auto del 2 de junio (en el que daba tiempo a los 3 eurodiputados y suspendía temporalmente la ejecución de la retirada de inmunidad parlamentaria) y ahora desestima la demanda de medidas provisionales de los diputados.

No cree que sean detenidos

Considera este tribunal en su auto que los 3 implicados pueden desplazarse libremente para asistir a las reuniones del Europarlamento y que no pueden alegar un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de ésta.

Dicho de otra manera, que este tribunal no garantiza, pero considera que no serán detenidos salvo si entran a territorio español. "No han demostrado que pudieran ser objeto de una detención inminente", argumenta.

Tampoco considera que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro de la UE puedan ejecutar las euroórdenes de detención que llegan de España.

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