20 de agosto de 2019, 19:01:44
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Euskadi: sigue y se agudiza el conflicto entre los jueces y el Gobierno de Ibarretxe



El Tribunal Superior, máximo órgano de los jueces en Euskadi, no tiene intención de asumir sin más la decisión del Ejecutivo vasco de suprimir la cesión de cinco pisos de titularidad pública a otros tantos altos cargos de la Magistratura y la Fiscalía. La comisión permanente de la Sala de Gobierno del TSJPV acordó por unanimidad de sus miembros pedir un informe al Abogado del Estado sobre si la iniciativa adoptada en el Consejo gubernamental del pasado 26 de septiembre se atuvo o no a la legalidad. Los responsables del Tribunal argumentaron su solicitud en términos estrictamente jurídicos, aunque lo que subyace tras ese paso es la disconformidad con la actitud del Gabinete Ibarretxe y la voluntad de «no dejar pasar» que esas viviendas constituyen «bienes adscritos a la Administración de Justicia» que no podrían destinarse a otros fines, como ha anunciado el consejero Joseba Azkarraga.

La controversia suscitada por la determinación del Gobierno de retirar los pisos a los jueces no ha hecho sino incrementar la tensión abierta entre las instituciones autonómicas y el Tribunal Superior, después de que el lehendakari haya sido encausado penalmente por entrevistarse con la ilegalizada Batasuna. El Ejecutivo ha insistido  en que la iniciativa no guarda relación con el 'caso Ibarretxe', pero sus explicaciones no convencen a los sectores próximos a la dirección del TSJPV, persuadidos de que el tripartito empieza a pasar factura por la admisión de la querella contra el presidente vasco. La retirada de las viviendas afectará al finalizar sus mandatos al presidente del Tribunal y la fiscal jefe, Fernando Ruiz Piñeiro y María Ángeles Montes; a la responsable de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta; y a los máximos representantes de la Fiscalía en Álava y Guipúzcoa, Jesús María Izaguirre y Jaime Goyena.

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