12 de diciembre de 2019, 7:30:04
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Financiación autonómica


La reducción del 'fondo de suficiencia', la clave para contentar a todos


El Gobierno ya tiene la fórmula que empleará para negociar un nuevo modelo de financiación autonómica. El pistoletazo de salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue solo eso. Un punto de partida. Ahora toca negociar bilateralmente, tal y como quieren los catalanes. Uno a uno, los consejeros económicos territoriales se van a sentar en una mesa que, por parte de la Administración Central, coordinará el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.


Una vez se hayan encontrado puntos de encuentro de una forma bilateral, se intentará acercar posturas de una manera multilateral en nuevas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta ahí, el PSC se sale con la suya. Pero, a cambio, tiene que ceder en otro punto. No hay fecha límite para discutir por mucho que el Estatuto establezca el 9 de agosto como el momento en el que debe de estar listo el nuevo modelo de relaciones económicas entre el Estado y la Generalitat. Los plazos que se manejan en la “hoja de ruta” del Gobierno indican que el proceso no concluirá hasta bien entrado el otoño. “Incluso si hace falta se llega a finales de año”, indican fuentes próximas a Moncloa.

  El reparto de la tarta

Ahí pierde el PSC. Zapatero no pasa por la pretensión catalana y así se lo ha hecho llegar a Montilla. A éste, impasible, con cara de póquer, no le importa mucho el contratiempo con tal de llegar a un acuerdo en el que se modifique el llamado “fondo de suficiencia”, que garantiza el que todos los ciudadanos reciban la misma prestación en los servicios públicos. Los catalanes quieren que dicho fondo se limite a garantizar la igualdad en la prestación de salud, educación y servicios sociales. Es decir, que el “fondo de suficiencia” se aplique solo al 65-75% de las necesidades de gastos que el sistema reconoce a las autonomías.

Las llamadas “comunidades pobres” no están de acuerdo con la propuesta catalana que apoyan Madrid, Comunidad Valenciana y el Gobierno Balear. En Andalucía señalan que “¿cómo vamos a dejar fuera servicios básicos del Estado de Bienestar como es la justicia o la vivienda? El “toma y daca” es evidente cuando las “comunidades ricas” argumentan que este fondo es insolidario “con los que mas pagan, los que mas aportan a las arcas del Estado” y exigen que se publiquen las llamadas “balanza fiscales” que no es otra cosa que lo que aportan las comunidades y lo que el Estado invierte en ellas, es decir, lo que reciben.
La sola posibilidad de que se difundan esas balanzas ha puesto en pie de guerra a algunas comunidades como, por ejemplo, la extremeña. Pero los datos son fáciles de adivinar porque muchos informes, totalmente fiables, como el elaborado para la Fundación BBVA acercan esas cifras a la realidad que se exige conocer.

Este estudio de flujos financieros entre el Estado y las autonomías encargado por la fundación BBVA revela que el déficit fiscal de Catalunya, - la diferencia entre lo que los catalanes pagan en impuestos, y lo que reciben a cambio, se ha triplicado en los últimos quince años.

Según ese mismo informe, Madrid es la comunidad con mayor saldo negativo por PIB, concretamente el 13,06% de la riqueza nacional. Además de Catalunya también son “deficitarias”, dan más que reciben, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, y La Rioja mientras que Canarias, Galicia y Asturias son las de mayor saldo positivo. Andalucía recibe el 42,5% de sus ingresos del fondo de suficiencia. En la otra cara de la moneda, Baleares, Madrid y Catalunya tiene saldo negativo del fondo de suficiencia porque son contribuyentes netos. Y otro ejemplo: Extremadura recibe de las aportaciones estatales 2.540 euros por habitante mientras que Madrid recibe 1.764 euros. Catalunya se sitúa en la “zona media” de tabla con 1.920,71 euros por habitante. Y así se podría decir que estos datos “están descuadrados” y ahora lo que se trata es de cuadrarlos teniendo en cuenta que el modelo actual está basado en el censo de 1999 y que, desde entonces, no se ha tenido en cuenta las nuevas necesidades provocadas por el incremento de la población inmigrante y otros similares.
A pesar de que fue una promesa electoral de Zapatero, el Gobierno no va a publicar las balanzas fiscales para evitar la controversia. Y, a cambio, por aquello de que “la pela es la pela” perderá ingresos. El 50% del impuesto de la Renta pasará a ser gestionado territorialmente, el 50% del rendimiento del IVA, el 58% de los impuestos de hidrocarburos, labores de tabaco, alcohol y bebidas derivadas. En otras palabras. Se trataría de dejar más tarta a las autonomías y a cambio, reducir la solidaridad. Así, los pobres no dejarían de ingresar sus recursos actuales y los ricos se saldrían con la suya respecto a la reconsideración del fondo de nivelación. Vamos, la cuadratura del círculo.
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