13 de diciembre de 2019, 14:30:20
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Financiación autonómica


Solbes ofrece a las comunicades el 50% de los impuestos


El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes,  propondrá a las comunidades autónomas, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el próximo 22 de julio, la cesión del 50% del IRPF, IVA, y de los Impuestos Especiales. Sobre esta base, y el principio de que, con la nueva propuesta, ningún territorio perderá dinero, el Ministro pretende llegar a un acuerdo en materia de financiación autonómica.


Solbes ha efectuado este anuncio en el transcurso de la presentación de las bases para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que someterá a debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 22. Representantes del Ministerio de Economía y Hacienda se han venido reuniendo con los de las comunidades autónomas para perfilar estas propuestas. Hasta ahora, las comunidades se hacían cargo del 33% del IRPF, el 35% de la recaudación en concepto de IVA y el 40% de los impuestos especiales, los referidos al alcohol, carburantes y tabaco.

Según Solbes, la propuesta, que permitirá que ninguna comunidad pierda financiación,  supone la mejora de la capacidad fiscal de los territorios. El nuevo modelo de financiación tendrá en cuenta los criterios de población y suelo y, en función de estos, los gobiernos regionales “podrían recibir recursos adicionales”. En cuqluier caso, el Vicepresidente deja claro que ninguno de esos criterios tiene que ver con la  publicación de las balanzas fiscales de esta semana.

Principios básicos de la propuesta de Solbes

La propuesta remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda se basa en 10 principios básicos:
1. Suficiencia global: el sistema garantizará la financiación de todas las competencias transferidas a las CC.AA.

2. Garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales: el nuevo sistema garantizará que los recursos tributarios cedidos por el Estado para la prestación de los servicios básicos del Estado del Bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) sean iguales para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.

3. Recursos adicionales para reforzar el Estado del bienestar: los recursos adicionales que el Gobierno pueda aportar, en función de sus disponibilidades presupuestarias, servirán para mejorar la capacidad de financiación de todas las CC.AA. en materias como la educación, la sanidad o los servicios sociales. El reparto de estas cantidades tendría en cuenta tanto la población actual de las CC.AA. como la evolución experimentada en los últimos años. Este esfuerzo adicional de la Administración General del Estado se graduará temporalmente de acuerdo con la política de estabilidad macroeconómica y presupuestaria del Gobierno.

4. Ajuste dinámico, statu quo y esfuerzo fiscal: la reforma parte del compromiso de que ninguna Comunidad Autónoma resultará perdedora con el nuevo sistema. El modelo incorporará mecanismos de revisión anual automática que permita su adaptación a la evolución de las necesidades. Además, de forma quinquenal, podrían revisarse los elementos estructurales del sistema y se tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal.

5. Variables de distribución y población ajustada: se buscará un acuerdo para ponderar las variables de distribución, especialmente la población.

6. Autonomía y corresponsabilidad fiscal: se elevará en torno al 50 % la participación de las CC.AA. en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales. Además, se incrementará la capacidad normativa de las CC.AA. y se ampliará la participación y la colaboración tributarias en el marco de una mayor coordinación con la Administración General del Estado, especialmente en el IRPF.

7. Lealtad institucional: se buscarán fórmulas que permitan la aplicación efectiva de este principio y, en particular, se tendrá en cuenta la eliminación del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.

8. Cesión de competencias en materia de revisión económico administrativa: los tribunales económico-administrativos de las CC.AA. serán competentes para revisar actos emanados de los órganos autonómicos de gestión tributaria.

9. Mejora de la gestión financiera del sistema: se crearán mecanismos para ajustar el sistema de entregas a cuenta a la liquidación final.

10. Adaptación del modelo de financiación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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