Los nacionalistas hablan de 'insumisión' a una Carta Magna renovada en la que 'no caben'

Ocurrió lo mismo que en el Congreso, como era de esperar: los minoritarios abandonaron la sala al inicio de la votación, pero la reforma del artículo 135 de la Constitución fijando un techo de gasto obligatorio para todos, ha salido adelante únicamente con los senadores del PP y del PSOE, más el de UPN, cuyo partido está 'prisionero' del PSOE con el acuerdo de gobierno que tienen en Navarra. La votación final, por la que la reforma quedó aprobada por las Cortes Generales, registró los siguientes resultados: con 236 senadores presentes (el total de la Cámara es de 261), 233 votaron a favor y 3 en contra. A la hora de la votación, algunos minoritarios abandonaron el hemiciclo; otros grupos, como CiU, permanecieron presentes, pero no votaron. Tanto el popular Pío García-Escudero como la socialista Carmela Silva han apelado al interés general -eufemismo de 'razón de Estado'- para pedir el voto favorable. Pero ninguno, ni PP ni PSOE ni su 'convidado de piedra' UPN, han aceptado ninguna enmienda al texto ya pactado por los equipos de Zapatero y Rajoy, lo que ha indignado, claro, al resto de senadores. Así, el senador de ERC Miquel Bofill protagonizó la anécdota más sonada de la jornada, cuando, al intentar dirigirse en catalán al Pleno, el presidente Javier Rojo le ha recordado que en este tipo de debates la lengua a emplear es el castellano. Como llueve sobre mojado -en el ambiente está la polémica por la 'inmersión lingüística' en Cataluña-, Bofill se ha avenido a utilizar la lengua oficial del Estado, pero asegurando ante el Pleno que "los catalanes no cabemos como somos, con nuestra lengua, en el Estado español. Cataluña no cabe en la Constitución española. Los catalanes y las catalanas tenemos que prepararnos para saltar el muro constitucional". No fueron esos los argumentos utilizado por el portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, pero ya advirtió el nacionalista catalán desde el principio que "no vamos a votar esta reforma del artículo 135 de la Constitución por razones de forma y de peso" y porque ha sido un acuerdo bilateral PSOE-PP en el que se ha dejado fuera al resto de los grupos: "Se nos ha pedido la adhesión a este acuerdo, simplemente", y no se ha respetado el consenso constitucional de 1978. También el nacionalista vasco Joseba Zubía utilizó esa misma vía, para mostrar el "absoluto rechazo" del PNV a la reforma, si bien su grupo comparte el principio de que no se debe gastar más de lo que se ingresa. Pero no era ésa la cuestión, según Zubía: "Haga lo que quiera, sí [dice el Estado con esta reforma], pero siempre que coincida con lo que yo ordeno", y acusó a socialistas y populares de allanar a todos "aplicando el rodillo". Incluso el senador Martínez Uranga, de Foro Asturias, el partido de Álvarez-Cascos, antiguo dirigente del PP, recién llegado a la Cámara Alta como resultado de las elecciones autonómicas en Asturias, se mostró radicalmente en contra de la reforma constitucional por el fondo y la forma, calificándola de "medida inapropiada", y señalando que no hace falta reformar la Constitución, al tiempo que acusaba a PP y PSOE de romper el esquema de convivencia que se consagró con el consenso de 1978. Ni siquiera Coalición Canaria, habitualmente a favor de las medidas propuestas desde el Gobierno de Zapatero, se mostró favorable en el Senado a esta reforma. Su senador Miguel Zerolo afirmó desde la tribuna que "estoy aquí para que Canarias sea escuchada y sea atendida…", pero no lo ha sido ni lo es, y por eso, y porque se ha roto el consenso constitucional, "vamos a votar en contra". Frente a tanto polo negativo, la portavoz socialista, Carmela Silva, tuvo que afirmar que "está en juego la salida de la crisis, el futuro del euro, el mantenimiento del Estado de Bienestar", y tuvo que negar también la celebración de un referéndum -pedido sobre todo por la izquierda real y los nacionalistas- porque sería "contraproducente y peligroso". Silva estuvo 'auxiliada' por el senador del PSC Isidre Molas, para quien lo único que hacer la reforma del artículo 135 de la Constitución es "incorporar las normas que hoy son vigentes en España". Por el Grupo Popular, su portavoz, Pío García-Escudero defendió el "carácter social" de la reforma constitucional, “porque endeudarse es lo que acaba recortando el Estado del Bienestar”, según él. Dijo también que “sin rigor presupuestario, sin equilibrio fiscal, no hay Estado de Bienestar que se sostenga”, y añadió que “la reforma busca reforzar los límites constitucionales al mal gobierno y a la mala gestión de las cuentas públicas”. Para García-Escudero, con esta reforma se recupera el “valor del consenso”, destacando el ejemplo de responsabilidad que están dando PSOE y PP, “que por encima de ideologías y discrepancias han sabido anteponer el interés general de todos los españoles en un acuerdo de una enorme trascendencia política, económica y social”. Recordó a los nacionalistas que “lo que planteamos en la propuesta no es menos autonomía, ni rebajar el poder de los gobiernos autonómicos, sino más responsabilidad, porque se exige a las Comunidades Autónomas lo mismo que al Estado”. PSOE y PP sólo contaron con el apoyo de la senadora de UPN Mar Caballero, quien pidió que "si queremos garantizar el Estado de Bienestar no echemos balones fuera… Bienvenida la reforma, bienvenido el consenso".