Proyecto Castor: 18 imputados por prevaricación medioambiental, mientras los ciudadanos pagarán 1.350 millones de 'platos rotos'

La causa se ha iniciado por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales, y el juez tomará declaración a 18 imputados, han indicado las mismas fuentes.

La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.

Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una "relación directa" entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.

La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, Fiscalía de Castellón decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental.

Compensación en la factura del gas

Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros aprobó en octubre un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas. 

La compensación será abonada por Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, que se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado. 

La hibernación de la instalación "implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural" en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó en su momento el Gobierno.