Lío con la reducción de escoltas: jueces, fiscales y altos cargos no quieren dejar el 'chollo'

Así se establece en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que, en el fondo, lo que hacen es aplicar una política 'reduccionista' de Interior con respecto al servicio de escoltas. Para Interior, ETA ya no representa una amenaza, al menos no tan grave, y, sin descuidar la vigilancia, vuelve sus efectivos especialmente contra el crimen organizado y contra el terrorismo internacional y yihadista. Pero ése es otro tipo de terrorismo muy distinto al de ETA, que buscaba más el 'asesinato personal', lo que evidencia que ya no es necesario el alto nivel de escoltas que se precisaba antes.

De ahí, que el nuevo equipo de Interior siga la senda emprendida por el anterior gobierno socialista y declare expresamente en los PGE para 2012 que su intención es la "reducción de los servicios de protección o escolta", al tiempo que fija otro objetivo fundamental en "mejora de la Ley de seguridad privada".

Los afectados se quejan

Ahora bien, esa decisión ha levantado un amplio revuelo en determinados círculos que siguen disfrutando de protección policial: se trata muy especialmente de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que ven cómo se les puede acabar el "chollo". Resulta que en muchos casos, esas personas disponen de conductor (policía) y coche oficial, y en muchos otros casos, según el nivel, también de otro policía de escolta.

Si despareciera el servicio, el problema no es el 'policía de escolta', dado que, efectivamente, riesgo de atentado de ETA prácticamente no existe, sino que se quedan sin 'chófer para todo'; es decir, sin servicio de 'taxi'. Y esa misma medida se quiere aplicar para altos cargos y cargos policiales que disfrutan de las mismas 'prerrogativas': comisarios de distrito, jefes de sección y jefes de unidades, además de algunos inspectores que se llevan el coche a su casa, como el reciente caso ocurrido en Palma de Mallorca.

Los policías responden

Las quejas 'con sordina' de los afectados por la reducción ha sido respondida con dureza por los policías: desde Alfredo Perdiguero, portavoz del SIPE, al Sindicato Unificado de Policía (SUP). Este último sindicato emitió una nota que no tiene desperdicio:

"No es cierto que las escoltas estén para aquellas personas que tienen un mayor riesgo de agresión por cualquier circunstancia. Se usó y abusó de la amenaza terrorista para que muchas autoridades y sus familias pudieran disponer de un signo de distinción que es en lo que ha acabado la escolta. Los jueces y fiscales que quieren seguir con escolta no lo hacen por temor a sufrir atentados (que se producen igual con o sin escoltas) sino por comodidad y ahorro. Un coche a coste cero las 24 horas los 365 días, un conductor y otra persona a su servicio son un lujo que pagamos todos los ciudadanos con impuestos".

Añade el SUP lo siguiente:

"No es cierto que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, de otros órganos, y políticos olvidados (Corcuera, por ejemplo) precisen de ninguna escolta para garantizar su seguridad. O no más que decenas de miles de ciudadanos, empresarios, o concejales del País Vasco y Navarra a los que ya se ha comenzado a retirar. Si alguna organización terrorista u organizada quisiera atentar contra una persona miembro de la judicatura o la carrera fiscal, ¿cuántos días tardaría en hacerle seguimiento, conocer a su familia y actuar sobre su pareja o descendientes?".

Y finaliza de esta manera:

"Esta es una situación mantenida durante muchos años, con la excusa de la amenaza terrorista, nosotros la consideramos como una práctica corrupta propia de un país de súbditos que no alcanzan la condición de ciudadanos, al mantenerse la corrupción que significa que haya privilegios de unos pocos en función de su cargo institucional mientras millones de personas viven en la miseria. Por ello, no será creíble este Gobierno en tanto no acabe con prácticas corruptas como ésta de las escoltas, los coches oficiales, el nombramiento en destacados lugares de familiares de miembros del PP, etcétera".

En todo caso, según la memoria del Ministerio del Interior incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, los efectivos policiales destinados a protección de personalidades serán este año 3.185.