Artur Mas tira la casa por la ventana con su apuesta soberanista: destina a la consulta 5 millones ampliables hasta..."donde sea necesario"

En su intervención en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento, donde Ortega ha comparecido para informar sobre el impacto de las cuentas en su Consejería, ha destacado que el coste que para la Generalitat tendrá la consulta "podrá variar, en función del grado de colaboración del Estado y de su administración electoral".

Por tanto, si el Estado accede finalmente a la consulta, el coste que tendría para el Gobierno catalán sería inferior, pero en cualquier caso, el Ejecutivo catalán garantizará los recursos que sean necesarios para "asegurar un buen funcionamiento de la consulta con todas las garantías".

El Gobierno había estimado que, en un principio, la consulta podría costar unos 15 millones, aunque por ahora, ha optado por presupuestar una partida "abierta y flexible" de cinco millones, aunque si hay colaboración por parte del Estado, en vez de cinco millones podría gastar menos, según Ortega.

Ha pronosticado que la consulta será ejemplar e "incuestionable" a nivel procedimental, y ha recordado el Gobierno quiere que haya voto presencial y electrónico, lo que permitiría garantizar una mayor participación de los catalanes que viven en el extranjero.

"Pondremos todos los mecanismos necesarios para que la consulta se desarrolle con la máxima participación, consenso y rigor", ha sostenido Ortega, que en varias ocasiones ha recalcado el compromiso del Gobierno con el principio de transparencia y la democracia.

El diputado de ERC Sergi Sabrià ha expresado su satisfacción por las palabras de Ortega sobre la consulta, y ha defendido el principio de eficiencia: "Debemos ser tan austeros como podamos en esta consulta" y cada vez que los catalanes sean convocados a las urnas.

Inquietud por los recortes

Jaume Collboni (PSC) ha recordado que las últimas elecciones autonómicas, que se hicieron ahora hace justo un año, costaron 14,5 millones, tres veces más de lo presupuestado por la consulta, y ha lamentado que el Gobierno haya reducido de 1,7 a 34.000 el presupuesto del área de calidad democrática, o el "brutal" recorte del 51% que ha sufrido el Memorial Democràtic desde 2011.

Marta Ribas (ICV-EUiA) también ha expresado su preocupación por el "olvido y marginación" del Memorial Democràtic y las políticas de memoria histórica e Isabel Vallet (CUP) ha lamentado que el Gobierno hable de crear nuevas estructuras de Estado mientras está desmantelando algunas de las ya existentes.

"¿Sólo destinan cinco millones a la consulta para no llamar la atención? Su prioridad es la consulta, y el resto es secundario", ha dicho el diputado popular Pere Calbó, que ha lamentado que el Gobierno priorice una actitud de beligerancia contra el Gobierno central y lo culpe de todos los males.

Mercè Jou (CiU) ha garantizado que el Gobierno catalán pone todo su empeño en que la consulta sea legal, mientras que la diputada de C's Carina Mejías ha sentenciado: "Tendremos urnas para hacer la consulta pero no becas comedor ni podremos pagar medicamentos", y ha instado al Govern a rebajar las dietas de los altos cargos y personal eventual.