Tras la rápida reubicación del ex ministro Gallardón en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, se ha puesto la mirada sobre esas instituciones semidesconocidos para el español medio, y cuya tarea principal ha de ser velar por la adecuación a la Constitución de los proyectos que impulse un Parlamento autonómico.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Consejo Consultivo está compuesto por siete Consejeros nombrados directamente por el Presidente de la Comunidad, cuatro propuestos por el Parlamento y tres a propuesta del Gobierno. Entre ellos, se ha de elegir un Presidente del Consejo por mayoría absoluta y mediante una votación secreta.
En la actualidad está presidido por
Carlos Millán Hernández, Doctor en Derecho y profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
A diferencia de otras CC.AA., el Consultivo está integrado en su totalidad por juristas con más de quince años de experiencia profesional, y, aunque alguno de sus miembros haya tenido afinidad con algún partido, no está considerada como una institución politizada.
Otra cosa es la conveniencia o no de tener un organismo de tal calado y tamaño coste para el erario público.
Sus defensores argumentan que, a diferencia de otros similares, este Consejo no es exclusivo del Gobierno, sino que sirve de consultivo para toda la Comunidad Autónoma. Alcaldes, Consejeros y rectores pueden requerir sus servicios, y su independencia del poder legislativo le confiere autonomía.
Por el contrario, muchos son los que opinan que es simplemente una herramienta de burocratización que de nada sirve al contribuyente. Desde el mismo centro de la polémica, son varias las voces en las formaciones políticas que ven en el Consejo Consultivo un foco de gasto innecesario, puesto que, sin alcanzar los prohibitivos 8.500 euros que se embolsará
Gallardón, los sueldos sí son equiparables a los de los Consejeros autonómicos, más o menos la mitad de lo que cobrará el ex alcalde de Madrid.
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