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Cataluña pagará de las clases de castellano que le impone el Gobierno central

Cataluña pagará de las clases de castellano que le impone el Gobierno central

viernes 11 de julio de 2014, 14:45h
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deducirá o retendrá de la financiación autonómica a las comunidades con lengua cooficial la matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado de los alumnos que quieran optar el curso que viene 2014-2015 a una enseñanza en la que el castellano sea lengua vehicular, si no se garantizan plazas públicas suficientes.

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   Así lo establece el decreto, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que desarrolla la disposición adicional 38ª de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), denominada 'Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal'.

   Aunque esta disposición regula la obligación por parte de todas las administraciones educativas con lengua cooficial de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, se dirige principalmente a Cataluña, donde se han dado a conocer algunos casos de familias que, queriendo estudiar en castellano en la red pública, se han encontrado con que no había oferta suficiente.

   Según el texto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de este alumnado en centros privados en los que exista dicha oferta, que repercutirán a dicha administración educativa.

   El procedimiento será iniciado por las familias e instruido por la Alta Inspección de Educación y en él deberá darse audiencia a la administración educativa afectada. Los beneficiarios son los alumnos que cursen educación obligatoria --hasta los 16 años-- con un límite del gasto medio por alumno público en enseñanza no universitaria que actualmente es de 6.057 euros.

   El decreto establece que la revocación del derecho a la compensación se producirá cuando la comunidad autónoma en cuestión garantice que el alumno recibe enseñanza en castellano, dentro del marco de su programación educativa.



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