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Pocos apoyos para el ministro Montoro

Reacciones negativas a la 'idea' del Gobierno de llevar a los tribunales a los políticos derrochadores

Reacciones negativas a la "idea" del Gobierno de llevar a los tribunales a los políticos derrochadores

> El PSOE lo tacha de "ocurrencia" improvisada y en general se suceden las críticas

jueves 19 de enero de 2012, 08:12h
Aunque en inicio parece una medida fácil de aceptar por todos, la posibilidad planteada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de "exigir responsabilidades penales para los gestores públicos" que gasten "más allá de los límites que tenga en su presupuesto" ha gustado a muy pocos. Se lo contamos...

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Montoro señaló que este asunto se engloba dentro de "un cambio que llamamos Ley de Transparencia del Gobierno". El ministro dijo que se trata de evitar, según explicó, el "falseamiento de la contabilidad pública", a la vez que favorecer "un rigor en la gestión del Gobierno".

Pero a muchos no se les escapa que es complicada la aplicación práctica de estas medidas legales. Por ejemplo, la prensa así se lo plantea. El diario 'La Razón' señala que la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha puesto en marcha los contactos con los sectores que se verán afectados por la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que el Ejecutivo quiere aprobar en el primer trimestre del año. Más en concreto, según el diario, "Sáenz de Santamaría explicará las líneas maestras de este proyecto en la comparecencia que realizará en el Congreso la próxima semana".

'ABC' y 'Público' recuerdan que en su programa electoral, el PP se refiere, dentro del capítulo sobre "Las cuentas públicas, en orden", a este asunto, en el sentido de reforzar "las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria".


Reacciones

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, dijo que no se trata de "llevar a la cárcel" a quienes incurran en el déficit, sino de activar mecanismos penales para sancionar a los gestores públicos que derrochen más allá de lo previsto en sus cuentas. No obstante, añadió que "no se pueden pedir responsabilidades al margen de lo que establezca el Código Penal".

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Antonio Monago, apuntó que el ministro "se quedó corto", preguntándose si merecen una amnistía quienes "han gastado como si fueran los dueños". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se mostró conforme con que se exijan responsabilidades para "paliar el terrible déficit que ha dejado el Gobierno socialista".

El PSOE emitió un comunicado en el que exige a Montoro que explique si de lo que se trata es de crear un nuevo delito, modificando el Código Penal. Desde este partido, su presidente, Manuel Chaves, dijo que en un Estado de Derecho como el nuestro los servidores públicos que cometen un delito ya están sometidos a las leyes, en tanto que si se trata de una responsabilidad "política" se debe exigir al Parlamento.

El diputado de CiU, Carles Campuzado, calificó de "paternalista" la actitud del Gobierno respeto a las Comunidades Autónomas. Para el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, la idea es "muy fuerte", por lo que consideró que no debería hablarse de este tema "de momento".

El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, dijo que si se aplicara este criterio a bancos, particulares y administraciones "estaríamos en la locura, en el Todos a la cárcel de Berlanga".


El punto de vista de los diarios

EL PAÍS titula en portada: "Rajoy retendrá dinero a las comunidades con déficits excesivos". EL MUNDO habla de "castigo penal al gestor público manirroto". Según ABC, "el Gobierno quiere cárcel para los políticos derrochadores". Para EL PERIÓDICO, "Montoro revela que la mala gestión pública tendrá castigo penal". LA V A N GUARDI A destaca que "Montoro anuncia un castigo penal para los políticos que despilfarren LA RAZÓN subraya: "inhabilitación a los malos gestores".

LA GACETA publica: "El Gobierno reformará el Código Penal para castigar el derroche de los políticos". CINCO DÍAS señala que "el Gobierno fiscalizará a las comunidades que acudan al ICO, y "Montoro perseguirá por lo penal a los gestores que incumplan el presupuesto". EL ECONOMISTA dice que el Gobierno "quiere que los gestores públicos se lo piensen dos veces a la hora de estirar sus presupuestos.


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