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La venganza (legal) del Gobierno para compensar a las víctimas de ETA: que la Fiscalía investigue los homenajes

La venganza (legal) del Gobierno para compensar a las víctimas de ETA: que la Fiscalía investigue los homenajes

viernes 29 de noviembre de 2013, 10:53h
El Gobierno va a echar mano de la Fiscalía para un fin: que los etarras que están siendo excarcelados gracias a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que puso fin a  la 'doctrina Parot', sean mirados con lupa por si ellos o sus allegados cometen un delito de enaltecimiento del terrorismo en los homenajes que se están celebrando en las calles de Euskadi estos días.

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado que "la Fiscalía de la Audiencia Nacional está, como siempre, presta a examinar cualquier manifestación que atente contra los derechos individuales y contra unos hechos tan graves como puedan ser los de enaltecimiento del terrorismo".

Torres-Dulce ha asegurado en declaraciones a los periodistas que eso se hará "con la más estricta sujeción al principio de legalidad, pero también con escasa tolerancia a cualquier manifestación que ponga de manifiesto ningún respeto para las víctimas de delitos graves como el terrorismo" y las relacionadas con "conductas que vayan contra la pacífica convivencia ciudadana".

Respecto a si ya ha recibido informes sobre hechos relacionados con apología del terrorismo tras la puesta en libertad de etarras afectados por la doctrina Parot, ha señalado que aún no le ha dado traslado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y ha señalado la posibilidad de que alguno de estos casos esté ya judicializado a través de atestados policiales.

Preguntado sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ha contestado: "Tengo el máximo respeto por la actividad política; pido que la actividad política no entre en mi casa y yo no entro en la actividad política; menos aún con una legislación que aún está sobre el tapete y está siendo objeto de elaboración por parte del Gobierno".

Del posible recurso de la Fiscalía Anticorrupción en el denominado "caso Fabra", Torres-Dulce ha dicho que "en primer lugar, hay que valorar y evaluar siempre los contenidos de la sentencia; y en segundo lugar, la posición del ministerio fiscal, para comprobar si las discrepancias que se producen entre el Ministerio Fiscal y las decisiones judiciales tienen cabida dentro de los cauces de los recursos".

"Es evidente que cuando se produce esto, la Fiscalía Anticorrupción estudia el recurso con la del Tribunal Supremo y si procede se anuncia y se prepara el recurso", ha añadido.

De la posibilidad de que los fiscales instruyan las causas en casos como los de los ERE fraudulentos, para ganar en celeridad, ha señalado que prefiere no pronunciarse sobre "causas en marcha".

No obstante, ha destacado "la labor extraordinaria de los fiscales anticorrupción", por su "enorme percepción de todos los hechos" y la "mucha exigencia procesal" de estos casos, además de por su "riguroso respeto a la legalidad y a los derechos de todas las partes".

Ha añadido que "cualquier cambio se hace para mejorar y, sin desdoro de la labor que están haciendo los jueces de instrucción, la atribución de la investigación al Ministerio Fiscal se hace sobre las bases de nuestro criterio colectivo de actuar con una unidad de actuación, nuestro objetivo de imparcialidad y la visión completa que tenemos del proceso desde el momento en que se produce".

Si ese cambio propicia una mayor celeridad, no dependerá, en su opinión, "ni de la actitud ni de la aptitud de los fiscales o de los jueces de instrucción, sino de cómo se estructure el proceso, permitiendo esa celeridad con una estructura procesal moderna y no permitiendo que cualquier parte dispuesta a dilatar el proceso lo consiga".

Torres-Dulce ha efectuado estas declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha clausurado esta noche unas jornadas sobre Derecho Penal organizadas por una asociación de fiscales.


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