La primera vía que podría emplear el Gobierno es
recurrir al Constitucional. El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, ha recordado a CiU y ERC que acudirá a este Tribunal para impedir la convocatoria de un referéndum en Cataluña en 2014, como han pactado esas dos fuerzas políticas. También ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que el Alto Tribunal la suspenderá.
"Hayan pactado lo que hayan pactado políticamente dos partidos, en Cataluña la convocatoria de un referéndum es una competencia exclusiva del Gobierno de España. Ningún gobierno autonómico puede hacerlo y si alguno tomase esa decisión fuera de sus competencias, sería inmediatamente recurrida ante el TC que, no tengo ninguna duda, la suspendería", ha manifestado Gallardón a la 'COPE'.
La segunda vía pasa directamente por
demandar a Artur Mas por invasión de competencias. Gallardón ha explicado que si hubiera consulta, "el Gobierno de España, en cumplimiento de nuestra Constitución, iniciaría los mecanismos legales para suspender la celebración del mismo". Esta posibilidad pasa por que la Fiscalía General del Estado actuara contra Artur Mas como firmante del decreto de convocatoria del referéndum por un posible delito de prevaricación.
Si la consulta es finalmente organizada, la Delegación del Gobierno podría solicitar formalmente a las autoridades catalanas que la dejaran sin efecto, por no atenerse a la legalidad. En el caso de que Mas insistiese en celebrarla, se le podría acusar de un delito de desobediencia y ser inhabilitado para el ejercicio de la política, convirtiéndole en un mártir político para los soberanistas catalanes.
La tercera vía es ya la más extrema y a la que el Gobierno prefiere no tener que llegar en ningún caso, pero existe como posibilidad. Hablamos de la siempre polémica idea de la
suspensión de la autonomía catalana.
Desde 2007 circulan especulaciones al respecto, en tiempos de iniciativas de este tipo en Euskadi, con el conocido como 'Plan Ibarretxe'. El articulo 155 de la Constitución, en su punto 1, se dice: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Como el PP controla el Senado con mayoría absoluta, tendría fácil llegar a tal extremo, aunque el desgaste político de llegar a tomar esa decisión tendría repercusión durante décadas para el partido que ahora preside Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo nacional.
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