A la infanta Cristina le toca el Gordo... del juicio: el juez Castro no aplica la 'doctrina Botín'

   Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, que ha dictado este lunes y en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.

   Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.

   En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.

   Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales-, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

   De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

   Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo.

   "La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", abunda la entidad en su escrito de acusación, en el que reclama además que la Duquesa haga frente a multas que ascienden a 2.022.861 euros.

   El juez Castro ha desestimado de este modo la petición efectuada por la defensa de Doña Cristina, cuyos abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, aludieron a la doctrina Botín pedir el sobreseimiento de la causa contra la hermana menor del Rey, al considerar "jurídicamente inadmisible" que pudiera sentarse en el banquillo. Los letrados sostienen que sobre su patrocinada no pesa responsabilidad penal alguna en el marco de estas pesquisas.

   Del mismo modo, el fiscal Pedro Horrach solicitó archivar la imputación de la Infanta al recriminar que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión". De hecho, considera que no hay "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la participación de la Duquesa en un supuesto fraude al fisco.


Castro impone a la Infanta el pago de 2,6 millones

   El juez Castro reclama en su auto de apertura de juicio oral el pago de 2,6 millones de euros en responsabilidades civiles.

   Sobre la hermana del Rey Felipe VI pesan dos delitos contra la Hacienda pública por los que ha acordado sentarla en el banquillo de los acusados.


Casa Real expresa respeto absoluto

    La Casa Real ha expresado su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial".  La Casa Real ya anunció el pasado 7 de noviembre que deja en manos de la Infanta la decisión de renunciar o no a sus derechos dinásticos. "Es una cuestión que le corresponde a ella", indicó en su momento un portavoz de Zarzuela.


Juicio oral contra Urdangarin, Torres y otros 15 acusados

   José Castro ha abierto juicio oral contra el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y otros 15 acusados por su presunta vinculación con la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda urdida en torno al Instituto Nóos.

   Sobre Urdangarin pesan delitos de malversación continuada, prevaricación, falsedad en documentos público y mercantil, por fraude a la administración, estafa, dos delitos contra Hacienda y un último por blanqueo, por los que la Fiscalía reclama 19 años y medio de cárcel para él y Manos Limpias un total de 26 y medio.

   Mediante el auto de 150 páginas que ha dictado este lunes, el magistrado también acuerda que se sienten en el banquillo la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, el expresidente del Govern balear Jaume Matas, el ex contable de Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballestero, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta entidad pública Miquel Àngel Bonet.

   Del mismo modo, irán a juicio el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela y José Manuel Aguilar, y la exdirectoral de gestión de esta entidad Elisa Maldonado.

   Finalmente, abre juicio contra la ex consejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, así como contra el abogado Salvador Trinxet, quien habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal de los ingresos obtenidos por Nóos desde las Administraciones de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Tanto Urdangarin como Torres se habrían apoderado ilícitamente de hasta 6,2 millones de euros públicos.

   Por el contrario, sobresee la causa para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el exdirector de Deportes del Ayuntamiento de Madrid Miguel de la Villa y el ex director financiero de Madrid 16 Gerardo Corral.


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