Jordi Pujol:
>> Un juzgado de Barcelona cuestiona el origen de su fortuna no declarada en el extranjero y un juez de Liechtenstein le investiga por blanqueo de capitales
El pasado 25 de julio, el que fuera president de la Generalitat durante 23 años, Jordi Pujol, conmocionó a Cataluña al confesar que guardaba dinero en Andorra a espaldas del fisco, pero este no sería más que el inicio del derrumbe de la imagen del 'honorable' clan catalán.
Pujol aseguró en un comunicado que se trataba de un legado de su padre, Florenci Pujol, -ahora aflorado a través de una declaración de bienes complementaria y no a través de la 'amnistía fiscal'-, que durante más de 30 años no tuvo ocasión de regularizar. Durante su
comparecencia en el Parlament el 26 de septiembre añadió que su padre cogió 140 millones de pesetas y los puso en un banco andorrano, por si en algún momento las presiones políticas obligaban a su primogénito a abandonar de Cataluña. No era un testamento ni el dinero era en realidad una herencia, aseguró para explicar que su hermana, María Pujol, no tuviese conocimiento del asunto. Sin embargo,
Anticorrupción no se creyó a Pujol considerando numerosas "lagunas y contradicciones" y sus explicaciones
tampoco bastaron a la juez de Barcelona que investiga el origen de una fortuna presuntamente irregular que algunos elevan hasta cifras astronómicas.
El portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, aseguró en agosto que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
se guardaban sistemáticamente en un cajón ante las sospechas de cobros del 3% sobre proyectos vinculados a la Generalitat. En base a esto, preguntado por el cálculo de Interior que estima la fortuna de la familia Pujol en 1.800 millones de euros, llegaba a elevar la cuantía hasta los 3.000 millones en "capital invertido o con vínculos indirectos" en múltiples paraísos fiscales. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción rechazó a principios de septiembre establecer una '
macrocausa' Pujol y analizar cada uno de los casos de la familia por separado porque restaría agilidad a las investigaciones.
La denuncia de Manos Limpias atribuía a Pujol un delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, al tiempo que situaba a su esposa como "cómplice y encubridora" de sus actividades.
El segundo frente abierto del cabeza de familia se encuentra en Liechtenstein, donde un juzgado acaba de abrir una
investigación por supuesto blanqueo de capitales. Jordi Pujol reaccionó de forma tajante a la noticia: "
Yo no tengo cuentas en Liechtenstein, ni las he tenido nunca".
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Pujol criticó lo que considera una "inquisición general" y pidió archivar las diligencias
Jordi Pujol Jr.
>> Imputado desde febrero de 2014 en la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de capitales
>> Habría movido 32 millones a paraísos fiscales en 8 años
El hijo mayor del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, está siendo investigado después de que su ex novia, María Victoria Álvarez, presentara una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional asegurando que acompañó a éste a Andorra para trasladar una mochilla llena de billetes de 500 euros.
Álvarez aseguró que ambos realizaron viajes a México relacionados con la gestión de casinos y la construcción de un hotel, y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones. En esta última ciudad, según su relato, Pujol Ferrusola se reunió con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que "les llevaba muchos negocios a su familia"; y la mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol Ferrusola realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
El informe de la Agencia Tributaria, que fue entregado al juez Ruz el pasado 5 de marzo, detalla que el hijo mayor de Pujol o las citadas sociedades realizaron movimientos de divisas con el exterior e importaciones y exportaciones con destino a diez países además de las Islas Caimán, Gabón y Lietchenstein. Los otros destinos eran Luxemburgo, Andorra, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia y Reino Unido. Este oficio también revela que el denunciado no se acogió a la denominada amnistía fiscal, al no constar que presentara declaración tributaria especial.
El hijo mayor de Pujol llevó a cabo
118 operaciones financieras en esos ocho años (2004 a 2012) que partieron de los bancos Mediolanum, BBVA y Credit Suisse. La Justicia investiga también los pagos que ciertas empresas realizaron a sociedades de Pujol Jr., siendo todas ellas contratistas de la Generalitat. El juez Ruz ha imputado esta misma semana a
11 empresarios que colaboraron con el clan.
Por su parte, Andorra ha condicionado la colaboración con la investigación a que
no se le impute 'sólo' fraude fiscal. Es decir, sólo aportará más datos sobre las cuentas de Pujol Jr. si el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye va asociado a otros de corrupción como cohecho o tráfico de influencias.
Marta Pujol Ferrusola
Marta Pujol Ferrusola habría sacado 22.000 euros en efectivo antes de regularizar las cuentas que tenía en Andorra. Su estudio de arquitectura recibió encargos directos de la Generalitat durante el último periodo de gobierno de su padre.
Josep Pujol Ferrusola
La Policía sospecha de las operaciones que habría realizado a través de su empresa Europraxis e Indra, que habría obtenido contratos con la Generalitat de hasta 60 millones de euros. Josep sí habría regularizado dos millones de euros de la herencia de su abuelo a través de la amnistía fiscal del Gobierno. La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoría Álvarez, ya habría denunciado públicamente que Josep se acogió a la amnistía. "Sí hubo amnistía fiscal con al menos uno de los hijos, creo que han sido dos", manifestó en declaraciones a Cuatro refiriéndose como dudoso al hijo pequeño Oleguer Pujol ahora imputado por blanqueo de capitales.
Pere Pujol Ferrusola
Este ingeniero agrónomo también habría tenido contratos con la Generalitat en la época del gobierno de su padre. En esa época también colaboró con el departamento de Industria, cuyo secretario en el año 2002 era su otro hermano Oriol.
Oriol Pujol
>> Imputado por cohecho y tráfico de influencias en el caso de las ITV
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga también al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa en la que investiga la concesión irregular de estaciones de la ITV en Cataluña. Entre los delitos que se le imputan están los de cohecho y tráfico de influencias.
La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de "sus múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.
De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió al menos 699.752 euros en siete años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias operaciones de colaboración con Seat y asesoramiento en el análisis del sector de centros deportivos.
Oleguer Pujol
>> Imputado por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública
La última causa contra la familia Pujol Ferrusola la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por
siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha ordenado este jueves varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero así como 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones.
También investiga la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria. Las pesquisas también se centran en la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.
El juez abrió esta causa el pasado 1 de octubre después de admitir parcialmente a trámite una querella que habían presentad Podemos, Guanyem Barcelona y otros colectivos políticos y sociales de Cataluña.
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