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El PP blinda a Fernández Díaz para que no explique la escandalosa destrucción de las grabaciones de la valla de Melilla

El PP blinda a Fernández Díaz para que no explique la escandalosa destrucción de las grabaciones de la valla de Melilla

> A pesar de que un juzgado investiga denuncias de devoluciones en caliente ilegales

martes 27 de enero de 2015, 18:47h
El PP ha rechazado la petición de IU y el Grupo Mixto para informar, de forma extraordinaria en el Congreso de los Diputados, de la situación de Ceuta y Melilla en relación con la inmigración y, en particular, sobre la eliminación de las grabaciones de las cámaras del perímetro de la valla de Melilla de agosto de 2014 "en los que se produjeron posibles víctimas mortales".
Esta petición surge después de conocerse que el Gobierno ha reconocido recientemente en una respuesta en el Congreso que las imágenes de seguridad correspondientes a los saltos de la valla de Melilla, que tuvieron lugar los días 13 y 30 de agosto, "ya no están disponibles".

Según explicaba el Ejecutivo, éstas "se conservan conforme a los plazos establecidos" en la Ley de videovigilancia, norma que impone la destrucción al cabo de 30 días salvo que exista un procedimiento judicial al respecto, como era el caso, pues el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla estaba investigando una denuncia por devoluciones en caliente.


Así pues, desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares y el Grupo Mixto solicitaron la comparecencia de Fernández Díaz en la Cámara de forma extraordinaria para dar cuenta del por qué se han destruido estas grabaciones; una petición que ha sido rechazada por 27 votos en contra del Grupo Popular, frente a los 22 votos a favor de la oposición.

En la reunión de la Diputación Permanente de este martes, órgano que sustituye a los plenos en los periodos no ordinarios de sesiones, el diputado asturiano ha puesto en evidencia que España está en el foco de organizaciones internacionales y asociaciones de derechos humanos por la vulneración que ahí se acomete de los derechos humanos y "sin que el ministro del Interior haya dimitido todavía".


"Cualquier otro gobierno que asumiera responsabilidades por sus actos hubiera derivado en dimisiones. Sin embargo nos encontramos con un ministro que no dimite ni da explicaciones sobre la situación de Ceuta y Melilla y particularmente de la grabación de actuaciones policiales. Este gobierno ha pretendido tapar lo que hace y la situación de Ceuta y Melilla alegando motivos de seguridad que los policías parece que tienen algún interés.


A su juicio, las imágenes se borraron al margen de la ley a pesar de un proceso judicial abierto. Al margen de las actuaciones judiciales y que se encuentre ante una clara obstrucción en la justicia el ministro debe comparecer para explicar este extremo.


"No se puede legalizar un delito penal de deportación ilegal en la ley de seguridad ciudadana, en la que tampoco se puede contradecir la Ley de Extranjería. No se puede contradecir a través de la práctica de las fuerzas policiales tratados internacionales como el de asilo, por el que España debe sufrir la apertura de un expediente disciplinario o tampoco legalizar las deportaciones en caliente", ha agregado Emilio Olabarría, del PNV.

Mientras desde el PSOE, José Martínez Olmos, ha indicado que el Gobierno ha desarrollado una política "unilateral" y cerca a las propuestas de Le Pen en Francia.

"Estamos hablando del posible borrado de imágenes donde posiblemente había excesos en el comportamiento de una democracia como España y esto es algo de lo que el Gobierno es responsable y tiene que dar cuenta. El Gobierno tiene que dar la cara", ha insistido el diputado andaluz.

El ministro ya ha comparecido


Desde el PP, José Ramón García Hernández, ha rechazado estas peticiones porque, según ha asegurado, "de manera ordinaria y cuando las circunstancias lo han requerido" tanto el ministro de Interior, como el secretario de Estado, han comparecido en la cámara.


Asimismo, se ha aferrado a las "numerosas respuestas escritas del Gobierno" en el Congreso sobre la materia y, donde se remarca que España tiene la obligación de vigilar sus fronteras, y los principios del uso de la fuerza son de oportunidad, congruencia y velando por los derechos humanos.

"Nuestro marco legal es un marco moral como no puede ser menos en una democracia y hemos decidido ampliarlo y reforzarlo. ¿Por qué tienen esta urgencia que sólo puede servir a una coordenada demagógica de la desprotección?", se ha preguntado.


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