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Matiza que la prohibición se aplicaría al poner en peligro el desarrollo de una operación policial

Interior intenta minimizar la polémica de la posible prohibición de grabar a los antidisturbios en acción

Interior intenta minimizar la polémica de la posible prohibición de grabar a los antidisturbios en acción

jueves 18 de octubre de 2012, 19:30h
El Ministerio del Interior ha explicado que la propuesta anunciada este jueves por el Director General de la Policía se trata de un documento de trabajo relacionado con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra aún en fase de estudio y cuyo objetivo no sería impedir que se graben imágenes o se tomen fotografías en manifestaciones realizadas en la vía pública.
Fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se han referido como supuestos en los que sí se podría aplicar esta cuestión a aquellos casos en los que la presencia de cámaras de televisión pudiesen poner en peligro el desarrollo de una operación policial o una detención. También la toma de imágenes que supusieran un riesgo para la integridad física de los agentes o para su honor.
  
En ese sentido, desde el Ministerio insisten en que la medida, aún en fase iniciaría, no pretende limitar el derecho de la libertad de expresión o información y que tampoco impediría la toma de imágenes en concentraciones.
  
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado este jueves que "se está estudiando la prohibición de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" que se encuentren "en el ejercicio de sus funciones".
  
Durante unas jornadas en Madrid organizadas por los sindicatos CSI-F, CEP y CESI, Cosidó ha manifestado que esta prohibición se aplicaría cuando las imágenes en cuestión puedan poner "en peligro" la integridad del agente policial o "en riesgo la operación".
  
Según Cosidó, con esta y otras medidas, que se enmarcarían en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se busca establecer las medidas "más adecuadas" para "facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente cuando la integridad física se puede ver amenazada así como la conservación de bienes públicos o privados ante situaciones violentas".

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