Se abre en Europa el debate sobre seguridad cibernética y derecho a la intimidad

Según afirma el diario barcelonés La Vanguardia en su edición de este jueves, recogiendo a su vez lo que revela el diario británico The Guardian, en el mapa de la poderosa y ocultista Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Alemania es el Estado europeo más controlado. Es decir, que Alemania está en el centro del festival de despropósitos que rodea al escándalo Prism, la orwelliana red de espionaje de todo: llamadas telefónicas, correos electrónicos e información de las redes sociales, que la norteamericana NSA maneja.

La Vanguardia insiste en que la cifra exacta de transmisiones alemanas controladas cada mes se desconoce, pero la cifra relativa a Estados Unidos supera los 2.800 millones. Y el hombre que lo controla todo es el general Keith Alexander, jefe del llamado Cibercomando de Estados Unidos y director de la NSA, que se ha convertido, acaso, en el hombre más poderoso del mundo.

Todos saben que los servicios secretos alemanes (y los chinos y los rusos, y todos en general) hacen gran uso de las posibilidades que brinda la neuvas tecnologías para disolver la privacidad. Y ése, justamente, es el problema al que los Estados y los ciudadanos se enfrentan en este mundo cibernético.

No hay respuestas jurídicas

De momento, no hay respuestas jurídicas, pese a que, por ejemplo, desde hace más de veinte años en Alemania, un país muy sensible a este tema, juristas y defensores de los derechos civiles analizan críticamente esa carrera que parece perdida para las libertades fundamentales.

Y es que, siguiendo con ese ejemplo, que relata muy bien La Vanguardia, el historiador alemán Josef Foschepoth ya demostró el año pasado en su libro "Alemania vigilada" que todas las transmisiones postales, telefónicas y telegráficas con el bloque del Este estuvieron sistemática e ilegalmente controladas en el país.

Resulta que ya entonces los derechos constitucionales eran barridos por la razón de Estado de la "seguridad nacional". Foschepoth encontró en los raros archivos accesibles un documento según el cual el servicio secreto alemán (BND) interceptaba a diario 5,28 millones de telecomunicaciones en los noventa.0

Una trascendental jornada con Uría Menéndez

En España han surgido algunas -pocas- iniciativas al respecto, y una de ellas fue una jornada que el Grupo Diariocrítico y el bufete Uría Menéndez, con el sello del Club Ruta al 2020, celebraron el pasado 22 de abril, presidido por el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y moderado por el presidente del Grupo Diariocrítico, Fernando Jáuregui, y por Carlos Bueren, socio del bufete anfitrión.

Fue un importante debate en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco presentó 13 medidas concretas para actuar contra la ciberdelincuencia en la red. Y una jornada que dio lugar también a una petición genérica: que la ONU pilote un 'gran pacto por el ciudadano' para poder disfrutar de algún tipo de seguridad en la Red.

Ese desayuno-debate contó con la presencia activa de 15 auténticos profesionales en todos los campos: judicial, policial, periodístico, empresarial... La importancia del mismo vino determinada por el reconocimiento, por ejemplo, de que "la red va más allá de lo que nosotros podemos actuar", como llegó a afirmar la inspectora-jefe Nieves Gamoneda. O por la falta de legislación adecuada para perseguir delitos, como reconocieron el comisario Miguel Manzanas y el comandante Óscar de la Cruz, responsable del Grupo de Telemáticos de la Guardia Civil.

Pero la intervención más sobresaliente estuvo protagonizada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En una exposición breve, pero intensa, este juez -que fue quien fijó al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, una fianza histórica de 30 millones de euros-, sintetizó en 13 puntos las reformas penales que harían falta para empezar a afrontar la seguridad cibernética en España y en el mundo.

Medidas legislativas de impacto

El juez Velasco ofreció a los asistentes un dato espeluznante: los hermanos chechenos que protagonizaron la matanza del maratón de Boston obtuvieron de internet el 80 % de los datos para preparar el atentado. Como también expondrían otros intervinientes, a través de la red se pueden comprar armas desde el anonimato y con impunidad, o bien recibir las instrucciones precisas para fabricar bombas. Además de innumerables delitos de todo tipo.

Frente a esa situación, el juez Velasco ofreció unas propuestas concretas que se pueden sintetizar en las siguientes:

- Clausura de oficio de webs con alto riesgo para la seguridad: que ofrezcan informaciones para fabricar o vender bombas, explosivos, o que informen sobre torturas, etc.
- Especialización de jueces para luchar contra la ciberdelincuencia en cada uno de sus apartados.
- Crear servicios comunes de peritajes sobre internet -no existen peritos al respecto- que estarían centralizados en los jueces decano.
- Crear la figura del agente colaborador entre la justicia y las diferentes operadoras de internet (en España actúan alrededor de 70 empresas al respecto).
- Creación del mandamiento judicial on-line para agilizar escuchas, registros, etc.
- Creación de la figura del agente encubierto en la red, sobre todo para delitos sexuales y especialmente de menores.
- Agilizar la cooperación internacional: que se actualice el Convenio de Budapest. El juez propone en este punto que España se brinde para realizar, por ejemplo en Valencia, un foro internacional para debatir la agilización de datos y pruebas entre países para acabar, entre otros, con los paraísos fiscales.
- Impedir de forma inmediata la difusión en internet de delitos cometidos por otros, tales como grabaciones, snuff, etc.
- Eliminar la barrera de los 400 euros para definir los delitos graves en internet -las fiscales Ana María Martín y Elvira Tejada ampliaron posteriormente esta propuesta-.
- Tipificar como tal el delito de ciberterrorismo, al cual, según Eloy Velasco, hay que desgajarlo del CNI, porque no es la 'autoridad adecuada' para su investigación.
- Persecución del malware y todo tipo de software malicioso.
- Introducir el agravante del número de fotogramas colgados, por ejemplo, en pornografía infantil: mayor pena para mayor número de fotos.
- Tipificar y perseguir la suplantación de personalidad.
- Y tipificar el delito informático corporativo.

Un debate intenso y muy ilustrativo

Las intervenciones en este primer acto del Club de Emprendedores "Ruta al 2020" fueron muy significativas dada la categoría de los participantes. He aquí un resumen de las mismas.
 
- María González (diputada socialista). El gran reto es aunar derechos y libertades dentro de la red, pero frente a la indefensión que produce el anonimato. En todo caso, se trata de garantizar los derechos al acceso, a la propiedad intelectual, al olvido. "Hay que hacer un gran pacto con el ciudadano", y en el Congreso, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha una Comisión sobre Redes Sociales.
 
- José María Chiquillo (senado del PP). Las nuevas tecnologías han transformado la sociedad, pero somos más vulnerables: "Lo que me preocupa es el lado oscuro de la red, que es desde donde nos pueden venir los ataques". En definitiva, que tenemos que actuar rápido porque "podemos tener un Pearl Harbor tecnológico", dado que "los malos van bastante más rápido que los buenos". Existen 'paraísos cibernéticos' que afectan a la seguridad y a la defensa, pero también a bancos, particulares y empresas. Por ello hay que ampliar convenios como el Europeo contra la Ciberdelincuencia firmado en 2001 en Budapest y actualmente ratificado por 40 países.
 
- José María Ángel Batalla (senador del PSOE). Puso especial énfasis en el juego y en los menores. En el primer capítulo, de 200.000 usuarios al juego en red se ha superado en un año la cifra de 900.000, y es un tema a regular. Por otro lado, hay que perfeccionar sistemas para la protección de los menores y limitar el acceso de los mismos a determinados contenidos de internet.
 
- Oscar Morales (socio de Uría Menéndez del Área de Penal de Barcelona). Puso sobre la mesa la problemática penal: desde 1995 hemos reformado el Código Penal 28 veces, pero "¿cómo reformarlo con algo que evoluciona tan rápidamente?". Una pregunta que no tiene fácil contestación. Introdujo, además, el debate sobre la consideración de falta grave o no, lo que implica tener acceso o no a determinadas informaciones.
 
- Elvira Tejada (Fiscal de Sala de Criminalidad Informática). Hay que trabajar a niveles nacionales e internacionales, pero ello exige una armonización de legislaciones, lo cual va muy lento. Por ejemplo, "la legislación española aún no se ha adaptado a las exigencias de la Convención de Budapest". Hay que crear tipos penales sobre conductas que van apareciendo. Aunque para estos temas hay un fiscal por provincia, los objetivos de la fiscalía son: unificar criterios, coordinación de investigaciones entre fiscalía y policías, controlar los procedimientos de esta naturaleza y acercamiento del Ministerio Fiscal a los ciudadanos, para que estos se impliquen mucho más.
 
- Miguel Manzanas (comisario CNP). Problemas de indefinición de los delitos, por lo que incluso los delincuentes no llegan ni a tener conocimiento de que están delinquiendo. Suscribe todas la peticiones del juez Velasco, y refiere que uno de los problemas emergentes es el juego on-line.
 
- Nieves Gamoneda (inspectora jefe CNP). "La red va más allá de lo que nosotros podemos actuar", porque la policía tiene muchas limitaciones, sobre todo de orden internacional. Por ejemplo, hace poco desarticularon una red de timo a través de internet, pero ahora ha surgido otra más potente que afecta a las corporaciones.
 
- Antonio López Melgarejo (Director de Investigación Fraude Electrónico del Banco de Santander). "El eslabón más débil en seguridad siempre es el usuario... la red nos viene demasiado grande". "No nos damos cuenta hasta qué punto internet no está afectando a nuestra vida diaria".
 
- Comandante Óscar de la Cruz (responsable Grupo Delitos Telemáticos de la Guardia Civil). Hay que luchar contra los paraísos cibernéticos focalizados en países del Este y en China. Estos 'paraísos' ni retiran contenidos ni facilitan datos sobre los contratantes de servidores, redes, etc. "Es una barrera que no conseguimos traspasar".
 
- Ana María Martín (Fiscal de Sala de Criminalidad Informática). Es necesaria la coordinación de las acciones en toda España de un mismo delito, que se vea cómo un único perjuicio económico, lo que haría rebasar, con creces, el límite de los 400 euros que ponen los delincuentes como excusa para evadirse.
 
- Mario Tascón (socio director de Prodigioso Volcán, SL). Puso sobre todo de relieve una curiosa paradoja: estamos en la era informática y, sin embargo, los juzgados siguen atascados de papeles.
 
- Antón Reixa (presidente de la SGAE). "Está en peligro nuestro patrimonio cultural". Una internet sin regular la propiedad intelectual "puede suponer el fin de la industria cultural. Los datos son escalofriantes y hay que tomarlos en cuenta". No hay que perseguir al usuario, sino a los que se lucran de saltarse los derechos de los autores. "El Gobierno no está defendiendo el patrimonio cultural". Anuncia presiones de los creadores contra el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
 
- Bárbara Navarro (directora de Políticas públicas y Asuntos Institucionales de Google). Puso sobre la mesa las impresionantes cifras de las nuevas tecnologías: dos mil millones de personas conectadas, cinco mil millones con teléfono móvil, 72 horas de vídeo subidas por minuto en Youtube, internet genera el 2,5 % del PIB... "y esto no ha hecho más que empezar". Hay que asumir que "el usuario ya no consume CD's, consume canciones" y se las quiere bajar de internet. Hay riesgo en que países como China quieran tener el control sobre internet.
 
- José de la Peña (director de la revista SIC). La clase política va demasiado detrás de la realidad. Manifiesta sus dudas sobre buscadores y proveedores como Google, que opina que no colabora como debiera.