Sáenz de Santamaría pasa la pelota del chalé usado por Corinna a la Casa Real

El espinoso caso de la alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein está siempre revoloteando sobre el Gobierno, que siempre lo esquiva de la mejor manera que puede. Sin embargo, este viernes la vicepresidenta Sáenz de Santamaría venía preparada para la pregunta sobre Corinna y el disfrute personal de un chalé del Patrimonio Nacional próximo al Palacio de la Zarzuela, pero pasando la pelota a la Jefatura del Estado.

Resulta que la finca de La Angorilla, donde supuestamente vivió Corinna con escolta, pertenece a Patrimonio Nacional, sí, pero la ley de Patrimonio Nacional cita muy claro qué pertenencias son gestionadas por el Gobierno o por la Jefatura del Estado. Y esa finca en concreto está gestionada por la Casa Real, que es a la que hay que pedir explicaciones sobre el uso que se le da a la misma.

Eso es lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros, obviando así una serie de preguntas muy molestas sobre un caso molesto: "La normativa de Patrimonio Nacional es compleja; he tenido que estudiarla", dijo la vicepresidenta, para reconocer más tarde que sobre el uso del chalé por Corinna zu  Sayn-Wittgenstein no podrá responder ni siquiera el director general del CNI, Félix Sanz Roldán, en su comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales a petición de diversos grupos parlamentarios, la cual podría quedar fijada para el 19 de marzo.

Comisión ministerial anticorrupción

Sobre Luis Bárcenas, ni media palabra de Sáenz de Santamaría: ése es un nombre 'maldito' en el Gobierno y en el PP. La vicepresidenta fue preguntada en diversas ocasiones sobre este caso que amenaza con hacer tambalear al Gobierno de Rajoy y a la actual cúpula popular, pero el hermetismo es total.

Lo que sí dijo la vicepresidenta es que se ha creado una comisión interministerial integrada por el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y los subsecretarios o secretarios de Estado de Justicia e Interior, así como con representantes del Ministerio de Hacienda para elaborar un plan anticorrupción. Hay contactos, incluso, con el Consejo de Estado para que presente informes al respecto, y todo en el marco del mandato que las Cortes dieron al Gobierno en las resoluciones tras el debate sobre el estado de la Nación.

Básicamente, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría vino a decir que "la mejor forma de reaccionar contra la corrupción es que los tribunales actúen", y ahí quedó cualquier explicación sobre el escándalo Bárcenas. Lo demás, frases esterotipadas: "Nuestro máximo respeto a las decisiones judiciales", "mi especialidad no es el Derecho Laboral" (por lo de las indemnizaciones 'diferidas' y 'simuladas' dadas a Luis Bárcenas), y suma sigue.