El Gobierno va a limitar a 1.000 euros el pago en efectivo desde los 2.500 euros actuales para atajar la economía sumergida y el dinero negro, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Gobierno, al tiempo que obligará a las grandes empresas a enviar las facturas del IVA en tiempo real para limitar las posibilidades de fraude en este impuesto.
Así constará en el real decreto de medidas tributarias que aprobará el Ejecutivo este viernes, con el que pretende ingresar unos 1.000 millones de euros más y que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año. Junto con la limitación del pago en efectivo a 1.000 euros, las grandes compañías iniciarán el plan de control electrónico de IVA en tiempo real, que será obligatorio para un colectivo de más de 62.000 contribuyentes.
La intención del Gobierno es implantar el próximo año el conocido como Suministro Inmediato de Información (SII), que consiste en el envío electrónico en tiempo real de todas las operaciones que deben figurar en los libros de registros del IVA de las empresas.
El sistema fue ideado por el anterior Gobierno, con la intención de que entrara en vigor el año que viene, pero posteriormente se retrasó su puesta en marcha por la interinidad del Ejecutivo y ahora vuelve a retomarse con las mismas fechas contempladas inicialmente.
Con la entrada en vigor del plan, las empresas deberán remitir electrónicamente en un plazo máximo de cuatro días todos los detalles de sus operaciones (facturas y tiques expedidos y recibidos) que deben anotar en sus libros de registro del IVA (no la factura propiamente dicha), con el importe total de la operación, tipo de factura, identificación fiscal, objeto y destinatario.
Atajar las lacras del sistema
De esta forma la Agencia Tributaria, mediante el análisis y cruce de toda esa información, reducirá notablemente el fraude fiscal, una de las lacras del sistema tributario español, y la economía sumergida, especialmente en el IVA, donde son habituales gran cantidad de facturas falsas.
Además de la limitación del pago en efectivo y del nuevo sistema de envío automático de facturas de IVA para las grandes empresas, el Gobierno también ha incluido en el paquete de medidas antifraude una mayor limitación de los aplazamientos de pago en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades porque considera que, en un momento de bajísimos tipos de interés, las empresas no deben financiarse a costa del erario público.
Contribuyentes en contra
La Unión de Contribuyentes (UC) ha advertido este miércoles de que el límite a 1.000 euros de los pagos en efectivo que el Gobierno prevé aprobar en un decreto-ley perjudicará a los contribuyentes "más débiles", como las familias con bajos ingresos, autónomos y micropymes.
La organización recuerda que fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ya introdujo la primera limitación hace unos años, y ahora la "nueva vuelta de tuerca a los pagos en efectivo agrede especialmente a los contribuyentes más débiles". Entre los pagadores, las personas y familias más afectadas serán las de bajos ingresos; y entre los prestadores de servicios, la medida perjudicará en especial a autónomos y micropymes, según la UC.
El presidente de la UC, Juan Pina, ha señalado que "el Gobierno parece tan desesperado por recaudar que no tiene contemplaciones a la hora de hundir a miles de pequeños prestadores de servicios, al encarecerlos para infinidad de consumidores".
"A Rajoy y Montoro sólo les falta emular las medidas portuguesas, sorteando coches entre los contribuyentes que delaten a otros por pagar sin IVA", ha indicado, denunciando que "como tantas otras medidas de Montoro, este nuevo recorte a nuestras libertades nos encamina hacia una fiscalidad incompatible con las normas de un país democrático, y más propia de un régimen autoritario".
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