Las antenas 5G desatan la polémica en Madrid: vecinos preocupados por su instalación "masiva"

La pandemia mundial del coronavirus, con toda la sucesión de dificultades y tragedias que ha provocado, también ha sacado a la calle a miles de ciudadanos en todo el mundo que aseguran que la expansión del virus forma parte de una teoría conspirativa contra el actual orden mundial. Estas visiones sostienen que la tecnología celular 5G ayuda a transmitir el coronavirus, lo cual incluso ha provocado la quema de torres de telefonía en Birmingham y Merseyside, en Reino Unido.

Sin embargo, y alejados de esta visión 'terraplanista' y con un miedo argumentado, vecinos de Leganés Norte sufren en sus carnes a diario, y desde hace años, por la presencia de tres grandes antenas de telefonía 5G instaladas en la azotea de un edificio de la calle María Moliner 14. “Pueden llegar a pesar toneladas”, comenta a Madridiario uno de los portavoces de la Plataforma Vecinal 5G, Gustavo Guzmán Castillo.

Inquilino de dicho edificio, Guzmán relata su situación: "Tengo una de las antenas justo sobre mi cabeza todos los días”. Este residente del municipio explica que “la problemática que viven allí "no tiene solo que ver con la tecnología 5G, sino con la radiación que nos llega de cualquier antena y de cómo se han hecho las instalaciones”.

Ante esta situación, la Plataforma Vecinal 5G ha elevado al Pleno del Ayuntamiento de Leganés una moción en la que se argumentan motivos científicos, medioambientales y legales con el objetivo de que el Consistorio municipal “supervise” y “vele” por la salud y seguridad de sus ciudadanos en estos términos, la problemática se sustenta bajo una premisa crucial que ha dejado “desamparados” a los vecinos: un fondo buitre.

"Hechos cumplidos"

Guzmán pone en contexto a este diario de la situación del edificio y de la instalación de las antenas 5G en su azotea: “En mayo de 1995 se llevó a cabo una negociación con la cooperativa Larcovi y el Consejo de Administración del Consejo Urbanístico 'Leganés Norte' adjudicó a esta entidad la parcela, que la adquirió el 11 de septiembre de 1996”, relata. Fue esta empresa la encargada de la construcción del actual edificio de viviendas, “obteniendo la calificación de inmuebles de protección oficial, en régimen especial de alquiler, en 1998. La duración de este tipo de contrato era de 30 años, y en ese momento, además, a los inquilinos se les ofreció el derecho y opción de compra de las viviendas, algo que se nos ha negado”.

En 2015, el Consorcio Urbanístico Leganés Norte acordó “el traspaso del edificio al Banco Popular Español”, entidad financiera que Guzmán señala que “dio estas viviendas a la empresa Metrovasesa, de la que era accionista, para ampliar sus fondos”. Esta transmisión fue aprobada finalmente por el Consejo de Administración del Consejo Urbanístico 'Leganés Norte', cuyo vicepresidente es el alcalde de la localidad, Santiago Llorente Gutiérrez, y la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

En el acta de dicha transmisión, a la que ha tenido acceso Madridiario, se puede leer como Llorente Gutiérrez alega que “se ha dispuesto de muy poco tiempo desde que se convocó la presente sesión y la realización de la misma”, por lo que los miembros del Ayuntamiento del municipio “no han podido estudiar con detenimiento el asunto”, aunque manifiesta que “debe adoptarse un acuerdo respecto a la solicitud de autorización formulada por Banco Popular ya que a dicha entidad le resulta urgente”.

En cualquier caso, Guzmán relata que “el 20 de octubre de 2016 el edificio pasó a manos de Testa Residencial, que en el año 2019 fue controlada por el fondo Blackstone, el fondo buitre más grande del mundo”, sentencia el inquilino y portavoz de la plataforma. “A partir de entonces, no se nos ha consultado absolutamente nada a nadie de lo que se ha hecho en este edificio, solo se nos han presentado hechos cumplidos”, dice.

Instalación de antenas y estaciones de telefonía

En los últimos dos años, los vecinos del número 14 de la calle María Moliner de Leganés han visto como se ha producido una “concentración de antenas” en su azotea. La primera, de color blanco, fue puesta sobre el edificio el 25 de septiembre de 2019, la segunda, el 23 de diciembre de ese mismo año y, por último, la tercera el 28 de enero de 2020.

“La propiedad de este edificio es de un fondo buitre que puede que no sepa situar a España en el mapa, por lo que menos les importa aún quién viva aquí”, comenta Guzmán, que explica que en otros bloques de viviendas del entorno no se han instalado este tipo de antenas porque las comunidades de vecinos se han opuesto: “Nosotros en ese sentido no podemos hacer nada”.

Los vecinos lamentan que la propietaria del edificio "haga caja y negocio a nuestra costa”. “Todo pasa por criterios económicos”, añade. Lo cierto es que las tres operadoras de telefonía más punteras a nivel nacional, Orange, Vodafone y Telefónica, son propietarias de las estaciones ubicadas en la manzana de Guzmán: “Ellos solicitaron que se pudieran poner a cambio de un canon anual y les han permitido que lo hagan, sin más”.

Sin embargo, el vecino recalca que ni los inquilinos ni la Plataforma Vecinal 5G se muestra “en contra de la telefonía ni de la tecnología” y se desligan de las mencionadas teorías conspirativas sobre el 5G y el coronavirus. Tan solo solicitan que se revisen y certifiquen que cumplen “con todas las medidas de seguridad y salud para los vecinos” del edificio y del entorno.

En este punto, señala que “la contaminación ambiental va a ser terrible”. Para el funcionamiento adecuado de la transmisión de esta tecnología se han de instalar “repetidores de frecuencia”. Tal y como dice, “de acuerdo a la propia información de las principales empresas de telecomunicaciones, el número de dispositivos de cada persona se va a multiplicar por más de diez. Una persona que hoy disponga de tres o cuatro dispositivos, con la tecnología 5G tendrá unos 30 o 40, entre teléfonos móviles, frigorífico, lavadora, luces, horno y todo tipo de nuevos productos que funcionarán con 5G”, dice.

“En términos de sostenibilidad y medio ambiente las consecuencias serían sencillamente desastrosas”, pues la colocación “de miles de pequeñas antenas cada 100-125 metros aproximadamente (celdillas), en ciudades y pueblos (las cuales se instalan indiscriminadamente en casas, semáforos, farolas, etc.) y antenas cada 250-500 metros en carretera, necesarias para alcanzar esa gran potencia de onda, es algo que nos atañe a todos los niveles: sanitario, medio ambiental y urbanístico”.

En términos de salubridad, Guzmán comenta que frente a su edificio se encuentra una residencia de ancianos "que ha sufrido mucho durante la pandemia”, así como en los bajos del mismo bloque se encuentra una guardería infantil. Y a pesar del llamamiento internacional a la Unión Europea realizado el 13 de septiembre de 2017, con más de 180 firmas de científicos y médicos de 36 países, indica que según estos profesionales de la ciencia médica y tecnológica, “no existe ninguna prueba científica de que esta tecnología sea segura, pero sí muchas pruebas de efectos nocivos”.

Asimismo, recuerda que “el mayor estudio del mundo, realizado por Programa Nacional de Toxicología (NTP) de Estados Unidos muestra un aumento estadísticamente significativo en la incidencia de cáncer cerebral y cardíaco en animales expuestos a los campos electromagnéticos (CEM), muy por debajo de los valores mínimos recomendados por la Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), seguidos por la mayoría de los países”. En la misma línea, argumenta que “la Guía de la Academia Europea de Medicina Ambiental sobre los campos electromagnéticos de 2016 establece que "existe una fuerte evidencia de que la exposición a largo plazo a ciertos CEM es un factor de riesgo para enfermedades como ciertos tipos de cáncer, enfermedad de Alzheimer e infertilidad masculina, entre otros”.

Por último, menciona que “la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y el Consejo de Europa, entre otros organismos, hace tiempo que vienen advirtiendo de los riesgos de la exposición a radiofrecuencias, así como de la especial vulnerabilidad a dicha exposición de las personas electro-sensibles, entre los que destacan la población infantil, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas”.

Ayuda al Consistorio

En el mes de septiembre de 2020 la Plataforma Vecinal 5G elevó al Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Leganés una moción para considerar la situación de la masiva instalación de antenas, un trámite que no tuvo lugar y de la que no obtuvieron respuesta pero “espera que pueda hacerse en el Pleno Ordinario de octubre”. “Esta no se opone a la tecnología, se opone a la implementación de una tecnología no probada ni investigada, que no cuenta con los avales técnicos y científicos adecuados al nivel potencial de peligro”, dicta la moción.

Por todo lo expuesto, la Plataforma Vecinal 5G insta al Pleno el debate y aprobación, si procede, de acuerdos como “realizar una evaluación ambiental de los planes y proyectos de 5G en Leganés realizada por un organismo independiente sobre los efectos biológicos en las personas de las radiofrecuencias 5G”, así como la aprobación de una “moratoria en base al principio de precaución, por la cual se paralice de manera inmediata e indefinida la implementación de la tecnología 5G en Leganés hasta que se obtengan los resultados del estudio y quede constatada la inocuidad de la implementación de esta tecnología”.

Asimismo, solicitan que se activen “los mecanismos legislativos necesarios para elevar una petición formal a la Comunidad de Madrid, dándole esta a su vez traslado al Parlamento Nacional”, al tiempo que instan a que el Consistorio se comprometa a informar “a la ciudadanía de la ubicación planificada de todas las antenas, incluidas las 5G (antenas y celdillas) que se pretenden instalar en el municipio de Leganés, desde el momento en que se dispongan de los Proyectos y Planos de instalación de las mismas”, en especial a los sectores de la población más vulnerables.

Del mismo modo, la Plataforma Vecinal 5G solicita que “nuestro Ayuntamiento traslade a las delegaciones locales de las compañías que pretenden la implementación de la tecnología 5G en el territorio municipal su oposición a la misma, en tanto no quede demostrada su inocuidad mediante los informes técnico-científicos solicitados”.

“No tenemos competencias”

Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés señala a Madridiario que trabajan para "intentar evitar estas instalaciones en la ciudad pero no es sencillo, ya que los operadores instalan sin que el Ayuntamiento tenga conocimiento”. Tal y como afirman desde el Consistorio, “la autorización depende del El Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, lo que se une a que “los operadores instalan sin pedir licencia de obra, que es lo único que deben pedir al Ayuntamiento para instalar en las azoteas, y negocian directamente con las comunidades o con los propietarios”.

“En el caso del barrio de Leganés Norte las antenas están instaladas en bloques que son propiedad de un fondo de inversión, viviendas cuyos inquilinos están alquilados, y que se encuentran con la antena ya puesta”, a lo que añaden que “desde el Ayuntamiento de Leganés llevamos décadas trabajando para evitar estas instalaciones”. Así, señalan que en 2010 aprobaron una ordenanza municipal para regular la instalación de estas antenas y finalmente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "alegando que los Ayuntamientos no tenemos competencias y que debe ser el Ministerio el que regule estas instalaciones”. Aun así, indican: “La Delegación de Urbanismo trabaja en varias vías para tratar de controlar estas instalaciones dentro de lo que la Ley nos permite”.

Sobre dicha ordenanza municipal, Guzmán explica que aunque por razones jurídicas no se pudo implementar en su totalidad, consideran que tiene suficiente base científica, legal y política para tomar en consideración esta moción ciudadana, en especial en base a lo indicado anteriormente y a que el Consistorio se comprometió a hacer un seguimiento y una revisión de las instalaciones: "Hemos pedido al Ayuntamiento que hagan este seguimiento, porque son los responsables de las obras en nuestras terrazas, no pueden argumentar que no porque es una apertura de negocios”, dice.

Asimismo, cuestionan de dónde ha salido la energía con la que se han puesto en marcha las antenas: “Los inquilinos somos los que pagamos los gastos referentes a la comunidad de vecinos y no sabemos si es ahí donde se ha cargado ese gasto”. Por ese motivo, han solicitado ayuda al Consistorio para averiguar a través de sus técnicos el proceder de dicha energía.