Una jueza boliviana liberó hoy a las cuatro personas que el Gobierno de Evo Morales había acusado de terrorismo y de ser parte de un presunto plan para dar un golpe de Estado durante la ola de protestas opositoras vividas el mes pasado.
La juez Ximena Flores de la región de Santa Cruz, donde fueron detenidos los acusados el pasado miércoles, tomó la decisión al no encontrar riesgo de fuga y después de que un fiscal los acusara solo de "tenencia de explosivos" y descartara terrorismo.
Las personas liberadas son Sergio Heredia Barbery (28), Yery Villavicencio Díez (34), Roberto Vásquez Vásquez (32) y Álcides Gutiérrez Ríos (50), este último de ocupación armero y en cuyo domicilio estaban las armas, según el diario cruceño El Deber.
La Policía detuvo a esas personas con un grupo de armas y municiones que, según el Ministerio de Gobierno (Interior), iban a ser utilizadas para un supuesto plan golpista contra Morales.
El decomisó incluyó dos automóviles, tres motocicletas, diez armas, diez granadas de guerra, aparatos de comunicación y 3.000 proyectiles, entre los que hay algunos cohetes antitanque. La jueza explicó que no determinó medidas cautelares como pedía la Fiscalía porque, en su criterio, "no existe peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación".
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, criticó al fiscal Óscar Flores porque la acusación puntual que hizo a los inculpados fue de tenencia de explosivos, cuando el Gobierno había pedido una investigación por terrorismo.
Gamarra insistió en que los cuatro detenidos poseían en realidad "un arsenal", con armas de guerra de uso militar incluidas que, a su juicio, no pueden estar en manos de un armero dedicado a actividades legales que tiene permiso para comerciar armas de caza y de pesca.
Agregó que la denuncia de terrorismo ha sido presentada ante una comisión especial de fiscales que investiga delitos contra la seguridad del Estado y que continuará con su trabajo pese a la decisión de la jueza de Santa Cruz.
Según Gamarra, las cuatro personas eran parte de un supuesto plan para dar un golpe para derribar al Gobierno durante una ola de protestas sociales opositoras ocurridas en septiembre pasado.
Durante septiembre, opositores de las regiones de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija desataron varios conflictos y protestas para pedir a Morales que atienda sus reclamos económicos y políticos.
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