El Gobierno de Bolivia presentó hoy ante el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, una denuncia por prevaricación contra el Fiscal General de la República, Mario Uribe, por un fallo que según el Ejecutivo favoreció a la esposa del prefecto (gobernador) de Beni (nordeste), Ernesto Suárez.
La ministra de Justicia, Celima Torrico y la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentaron esta demanda en el parlamento junto con otra por incumplimiento de deberes y pidieron que se les "dé celeridad" en la cámara baja y que el caso "no se deje en la impunidad".
Según la ministra, la máxima autoridad del Ministerio Público permitió al prefecto de Beni contratar a su esposa como directora de un organismo regional "sin concurso de méritos y contraviniendo la normativa vigente que impide el uso de influencias de las máximas autoridades prefecturales".
Por su parte, Suxo recordó que su viceministerio presentó en abril de 2007 una denuncia contra este gobernador por la "contratación ilegal" de su esposa.
Más de un año después, Uribe rechazó la demanda alegando que ese cargo "puede ser de libre nombramiento", indicó la viceministra.
Suxo lamentó que el Fiscal General trate "de manera abierta y forzada interpretar y aplicar una norma jurídica, al señalar expresamente que este tipo de cargos no se encuentran" en los grados de incompatibilidad marcados por la ley.
Además, criticó que en el fallo no se observan señales de una investigación de la Fiscalía y alegó que el cargo que se le otorgó a la esposa del prefecto requería a una persona del área social, mientras que la adjudicataria es licenciada en veterinaria.
En Bolivia, el Fiscal General de la República es designado por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de sus miembros presentes, según la Constitución vigente.
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