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Dos supuestos y una certeza

Dos supuestos y una certeza

sábado 25 de octubre de 2008, 04:52h

El Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha promovido un giro de ciento ochenta grados en el diseño de las prestaciones de la Seguridad Social.

Esta iniciativa no estaba incluida en el programa electoral de la candidata elegida hace un año. Más aún, pocas semanas atrás el Congreso trató y aprobó una  relevante modificación, a instancias de una resolución del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina.

Esta modificación completaba, según parecía, la política oficial sobre el tema que ya había tenido un cambio sustancial el año pasado con la  consagración de la alternativa para el traspaso cada cinco años, dejando atrás la irreversibilidad de la opción para la capitalización individual decidido - luego de un debate parlamentario de trece meses- por otro gobierno peronista, en 1993.

En verdad, este proyecto oficial que propicia eliminar el régimen previsional de capitalización privada es, tal vez, la decisión de  política económica más importante de toda la administración de los Kirchner.

Ello es así porque afecta las finanzas públicas, los beneficios  - presentes y futuros- de los jubilados en ambos regímenes y, por cierto, las perspectivas de acceso al crédito local, además de la inserción del país en los circuitos financieros internacionales.

Hasta ahora, la inesperada y -más importante- escasamente fundamentada iniciativa oficial despierta dudas e interrogantes diversos.

En primer lugar, más allá de las conocidas fallas de diseño del sistema, la propuesta oficial luce más como argumento de lucha política en la búsqueda de recuperar adhesiones sociales perdidas que como la formulación de una política pública razonada y fundamentada.

En relación a las fallas del sistema de capitalización que nunca debió ser obligatorio, tempranamente anticipadas por expertos del tema y representantes de la oposición, es obvio reconocer que el mismo requería profundos cambios tanto en los criterios de diversificación de carteras como en los principios de administración propiamente dichos. Pero, para su evaluación, basta con  recordar que los costos fiscales de la reforma de la seguridad social, por la cual muchos aportantes se trasladaron - y con ellos sus cotizaciones- hacia el nuevo sistema de capitalización individual mientras seguía bajo la responsabilidad del Tesoro Nacional atender el pago de haberes previsionales, representó durante la vigencia del régimen de convertibilidad una cifra superior a los cincuenta y dos mil millones de pesos-dólares a precios corrientes.

Esta magnitud, resultado de la diferencia entre los pagos previsionales reflejados en las cuentas del Gobierno Nacional y los ingresos propios del Sistema – originados en aportes patronales y contribuciones jubilatorias-, es alrededor del cincuenta por ciento del stock de deuda que incumplió la Argentina en el colapso del régimen de la convertibilidad.

Los propagandistas del Gobierno creen que la iniciativa despeja el horizonte de incertidumbres en términos de la capacidad del tesoro para hacer frente a las obligaciones externas.

Esta creencia descansa en dos supuestos.

El primero se refiere a la solvencia intertemporal del sistema. Para ello es necesario que el flujo de recursos tributarios que hoy financia a la ANSES,  del orden del 50% del total de los ingresos del sistema  público que complementa los aportes y contribuciones, continúe afectando la masa coparticipable en detrimento de las provincias sin reacciones por parte de éstas. El cumplimiento del supuesto también exige que, en caso de ser positivo el saldo de ingresos y egresos conjuntos de los sistemas públicos y privados, no se consoliden mejoras en los haberes jubilatorios por encima de la  relación haber jubilatorio-salario al cese de las actividades hoy vigentes. Tampoco, en el caso de ser favorable ese saldo, que se acepten reducciones en la magnitud de los aportes patronales y contribuciones jubilatorias.

El otro supuesto en el que descansa la extendida idea del horizonte despejado después de la reforma,  es que el país puede sostener el sendero virtuoso de superávit de comercio e incremento de reservas que se verificó hasta el año pasado.

En ese sentido, la caída de los precios internacionales de los productos primarios, las significativas devaluaciones frente al dólar de nuestro principal mercado - Brasil- y, también, los cambios en las paridades cambiarias euro-dólar hacen pensar que las épocas de balanzas comerciales positivas de magnitudes superiores a los diez mil millones de dólares pasen a ser un dato del pasado reciente de imposible reedición.

Ese escenario poco optimista del sector externo para el año próximo refuerza y amplifica lo observado en el corriente ejercicio en el que las estimaciones de un saldo favorable de la cuenta corriente del sector privado de alrededor de quince mil millones de dólares no se corresponden con variaciones positivas  sensibles, debido a la salida de divisas, en el stock de reservas del BCRA.
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Ahora bien, más allá del juicio que nos merezca la propuesta oficial y del incierto resultado de las votaciones en el recinto de las Cámaras Legislativas, existe una certeza: la fatal lesión producida al sistema tal cual lo conocimos.

De ahí que lo verdaderamente relevante sea razonar los caminos para reconstruir confianza y credibilidad en políticas públicas que promuevan la cohesión social, alienten la competitividad económica y aseguren la solvencia fiscal sin desmedro alguno de la calidad institucional democrática

Así, entonces, el auténtico desafío del Gobierno es demostrar que tiene condiciones para administrar las tensiones crecientes que enfrenta en el plano político - por lo controversial e indocumentado de la iniciativa-, en la dimensión social - por la puja distributiva amplificada por las derivaciones de la crisis financiera global- y, en lo partidario, por los extendidos cuestionamientos a su decaído liderazgo.

En cualquier caso, lo que está fuera de discusión es que la polarización ideológica, la falta de instancias de diálogo institucional y la crispación política no son buenos compañeros de ruta para sociedades conflictivas, menos aun en tiempos de crisis e incertidumbres.

Jesús Rodríguez
Director del Programa de Fortalecimiento Legislativo de FLACSO
Octubre 2008

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