Denuncias de “amiguismo” en casinos municipales golpean al gobierno nacional

Los casinos son la piedra en el zapato del gobernante Frente Amplio. En los noventa ya había sido duramente cuestionada la luego fallida concesión del Hotel Casino Carrasco, durante la gestión como intendente del actual presidente Vázquez. Ahora aparecen serias denuncias sobre la gestión de las casas de juego administradas por la Intendencia Municipal de Montevideo. El de la capital es el único gobierno departamental del país con la prerrogativa de explotar el negocio de los casinos. Todos los demás pertencen al gobierno nacional, excepto el del Hotel Conrad, en Punta del Este, que es único privado del país.

El semanario Brecha –independiente pero de izquierda- denunció el viernes que mientras se investigaba el porqué de las pérdidas millonarias en los casinos municipales, se encontró una red de empresas que explotaban la concesión de maquinas tragamonedas –slots- y pertenecerían a familiares de directores municipales entre los años 2000 y 2005. No es un dato menor que entonces era intendente Mariano Arana, actual ministro de Medio Ambiente y una de las figuras más importantes y respetadas de la izquierda uruguaya.

La gestión directa de los casinos estaba en manos de Bengoa y González, que hoy ocupan importantes lugares en la administración del juego a nivel nacional, en dependencias del Ministerio de Economía. Ambos pertenecen a Asamblea Uruguay, sector del ministro de Economía, Danilo Astori.

Esa gestión fue observada por el Tribunal de Cuentas –organismo encargado de analizar cada una de las operaciones del Estado- por apartamientos de la legalidad.

El Movimiento de Participación Popular domina ahora la Intendencia de Montevideo. Fue el sector más votado del gobernante Frente Amplio y quiere que los antecedentes de estas irregularidades lleguen a la Justicia. Ese lustro 2000-2005 fue particularmente difícil para la comuna capitalina que no pudo cumplir con el pago de acuerdos salariales por la falta de recursos, tras la crisis de 2002. En cambio, perdió casi 15 millones de dólares en los casinos. Un negocio que, precisamente, no se caracteriza por perder dinero en ninguna parte del mundo.

La tradición en el Frente Amplio ha sido que a cualquier funcionario cuestionado por hechos de corrupción, incluso antes de que se el compruebe nada, se le pide la renuncia al cargo. Así ocurrió con Mario Areán, sospechado por concesiones fraudelantes en la Intendencia de Montevideo. Antes había ocurrido lo mismo con jerarcas del Turismo durante la gestión como intendente de Tabaré Vázquez. Y, hace dos semanas, debió renunciar el senador Leonardo Nicolini, acusado de usar un carné de asistencia gratuita, al que no tenía derecho, para operarse en un hospital de Salud Pública.

Todas esas decisiones fueron respaldadas y hasta ordenadas por el presidente Vázquez. No se descarta entonces, como informa hoy El País, que en este caso el mandatario siga el mismo camino: apartar a los funcionarios del cargo mientras se procesan los eventuales análisis políticos o judiciales.