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Detrás de cada estafado hay un estafador en potencia

Pirámides: limbo en la regulación y concubinato gubernamental

Pirámides: limbo en la regulación y concubinato gubernamental

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), ‘dentro de la ingenuidad de las autoridades’ se mantiene confiada que en Panamá no se repetirá la situación de violencia que se suscitó en Colombia, a causa del descontento de cientos de personas estafadas a través de la captación de dinero por supuestas pirámides. Este escándalo provocó la renuncia de César Prado, superintendente de Finanzas de ese país.

Pero ya sabemos todos que detrás de cada estafado hay un estafador en potencia. “Te vendo este televisor, que vale mil 200 dólares, en 700”, y el supuesto estafado –un estafador en potencia- lo compra, para después enterarse de que en su afán de estafar, quedó estafado: el televisor es un fraude.

En Panamá ninguna autoridad se ha responsabilizado de la supervisión de las empresas que se dedican a estas operaciones.  El secretario general de la SBP, Hamaury Castillo, puntualiza que el mayor riesgo es que no hay regulaciones específicas sobre este tipo de actividades, ni supervisores responsables para regularlas de forma transparente.

Castillo considera que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) debería conocer el hecho desde el punto de vista de protección al consumidor. El funcionario asegura que la Superintendencia ya venía advirtiendo desde hace un tiempo atrás que el Grupo DMG, propiedad de David Murcia Guzmán, no cuenta con una licencia bancaria o fiduciaria que le permita administrar dinero del público. Esta empresa también se conoce como Comercializadora Virtual. El directivo llama a la reflexión y recomienda cautela a los ciudadanos cuando se les promete dinero fácil (‘a menos que sea un estafador en potencia’).

Todo indica que en Panamá las autoridades no están claras –o no quieren estarlo- de cómo funciona el sistema de estas pirámides. La reciente reforma a la Ley bancaria autoriza a la SBP para cerrar estas empresas si se comprueba que captan fondos, pero hasta el momento se mantienen –solamente- bajo investigación administrativa. O sea, yo sospecho, pero no hago nada hasta que cometas el delito, y después no puedo castigarte.

La sociedad civil empieza a sospechar que las autoridades miran para otro lado mientras se cometen los delitos, a cambio de algo.

 

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