De la Serna gestionó los fondos para paliar los daños del 'Prestige'

De la Serna y Solís formaron parte del gabinete de crisis y recibieron el encargo de José Luis Gil, entonces al frente de la consejería de Medio Ambiente, de adoptar las medidas precisas para limpiar las playas de Cantabria del chapapote arrojado al mar tras el hundimiento del petrolero.

Esas medidas acaban de ser puestas en cuestión por el Tribunal de Cuentas que establece la comisión de una serie de irregularidades en la contratación de trabajadores, compra de materiales y pago de servicios. Cantabria fue, después de Galicia, la Comunidad Autónoma donde se gastó más dinero para paliar los efectos contaminantes del ‘Prestige’, muy por delante de Asturias y País Vasco.

La gestión de la catástrofe del ‘Prestige’ le costó al erario público 64 millones de euros, alrededor de 10.000 millones de pesetas. Tan ingente cantidad de dinero fue gestionada por De la Serna, en ese momento jefe de gabinete del consejero Gil, y Solís, al frente de la ERC, hoy MARE. Fuentes de la consejería confirmaron ayer a este diario digital la participación del ahora concejal y candidato del PP a la alcaldía de Santander. Cantabria Confidencial intentó ayer sin éxito conocer la versión de De la Serna.

Como ya se ha publicado el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que el Gobierno de Cantabria presidido por José Joaquín Martines Sieso, con el consejero de Medio Ambiente José Luis Gil como máximo responsable, cometió en 2002 importantes irregularidades en la gestión de la catástrofe del ‘Prestige’, según el informe que acaba de hacer público el Tribunal de Cuentas. La mala gestión del Ejecutivo del PP provocó un gasto de más de 60 millones de euros, alrededor de 10.000 millones de pesetas.

El nuevo Gobierno regional salido de las urnas en 2003 se vio obligado a abordar una situación donde con un crédito autorizado por sus antecesores de 30 millones de euros, había que hacer frente a pagos por importe de 64 millones, Finalmente, y mediante un acuerdo alcanzado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la administración central se hizo cargo de 49 millones de deuda.

Entre las numerosas irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas está el pagar el doble a los trabajadores contratados a través de Coorcopar que a los que se buscó en las listas del INEM, compras innecesarias y pagos no justificados, entre otras actuaciones rechazables.

Según el informe del Tribunal de Cuentas del que ayer se hizo eco, citado fuentes de la agencia EFE, los servicios informativos de Tele Bahía, el Gobierno de Cantabria se gastó 65,45 millones de euros para reparar el desastre que provocó en su costa la marea negra del Prestige, pero incurrió en "irregularidades" que, en unos casos, le llevaron a gastar más de lo previsto y que, en otros, ponen en duda la justificación de los recursos empleados.

El informe sobre la gestión económica del Gobierno de Cantabria en 2002, cuyas conclusiones el Tribunal de Cuentas acaba de publicar, revela la existencia "de irregularidades en la gestión de las ayudas" a las que se destinó el crédito de 30 millones de euros contratado ese año para afrontar la crisis del Prestige.

El órgano fiscalizador de Estado apoya su afirmación en un informe emitido en su día por el Servicio de Intervención del Gobierno de Cantabria. Dicho informe se realizó en agosto de 2003. Se analizan las cuentas de gastos de la Empresa de Residuos de Cantabria (ERC), ahora denominada MARE, a través de la cual se realizaron las contrataciones para las tareas de limpieza con al crédito de 30 millones de euros aprobado por el Gobierno de Martínez Sieso.

La cuenta a la que se cargaban los gastos del Prestige, explica el Tribunal, cerró 2004 con un saldo deudor de 35,30 millones de euros. Sin embargo, la ERC presentó al Tribunal de Cuentas durante el curso de sus trabajos de fiscalización "una relación de facturas con fecha de 31 de diciembre de 2005 que suma 66.252.161 euros".

El Tribunal de Cuentas reconoce que no encuentra explicación a los casi 31 millones de euros de gasto que afloraron durante el año 2005: "No consta el motivo del aumento de los gastos, y las facturas relacionadas correspondientes al ejercicio 2005 no explican la diferencia entre los gastos de diciembre de 2004 y 2005".

Los gastos que desbordaban los 30 millones del crédito de 2002 fueron cubiertos por el Gobierno de Cantabria el 1 de diciembre de 2005, al autorizar un segundo préstamo de 34,26 millones que elevaba las obligaciones reconocidas a un total de 64,26 millones.

En la gestión de la crisis del Prestige en Cantabria participaron dos gobiernos: el formado por el PP y el PRC, que estaba en el poder cuando se produjo la marea negra, y el constituido tras las elecciones autonómicas de 2003 por el PSOE y el PRC, que dio el relevo al anterior el 4 de julio de 2003.

El Tribunal de Cuentas deja constancia en su informe de que el Gobierno de Cantabria no le ha facilitado "los expedientes de gastos y pagos correspondientes al crédito extraordinario" de 30 millones de euros de 2002, sino sólo la ley autonómica que autorizó su contratación. Sin embargo, cita un informe que analizó cómo fueron los tres primeros meses de gestión, hasta el 28 de febrero de 2003.

En ese informe la Intervención General de la comunidad autónoma analiza por encargo del Consejo de Gobierno cómo estaba administrando la sociedad pública ERC los gastos de la recogida masiva del fuel en las playas y en el mar y de la limpieza de la costa en las primeras semanas de la marea negra.

La Intervención relata a lo largo de 84 folios la multiplicidad de situaciones que había encontrado: contratación de personal a través de terceros que costó el doble que el reclutado directamente, compras "indiscriminadas", empresas que facturaron "por el uso de material análogo" al que la ERC repartía "a todos" en las playas, servicios que se pagaron dos veces, recogidas de fuel en puertos donde nunca se descargó o tarifas que resultaron ser "gravosas".

En el caso de las contrataciones, la Intervención cita como caso más relevante el de los desempleados que la ERC contrató para recoger el fuel: 169 personas por sí misma, a través del INEM, y otras 97 a través de Coorcopar, una coordinadora de parados que colaboraba habitualmente con la Consejería de Medio Ambiente.

A Coorcopar se pidió que contratara a parados de larga duración, pero sólo 13 de los 97 trabajadores que proporcionó cumplían esa condición. Ese personal le salió a la ERC al doble de precio que el contratado directamente, hasta el punto de que se hubiera ahorrado casi 71.000 euros al mes de haberlo contratado a través del INEM.

Respecto a las compras de material, Intervención detectó que éstas se hicieron mediante "peticiones realizadas indiscriminadamente, que no responden a un estudio comparativo de ofertas de precios correspondientes a este tipo de material ligero".

El Gobierno de Cantabria ya anunció el año pasado que iba a vender "toneladas y toneladas" de material adquirido en la anterior legislatura durante la crisis del Prestige "sin un control adecuado" que había encontrado almacenado en un local de Torrelavega, perteneciente a la cooperativa Coorcopar.

Los gastos ahora auditados por el Tribunal de Cuentas han sido aceptados, no obstante, por la Administración del Estado en virtud de un convenio firmado en 2005 por el que ésta se hizo cargo de 49,37 millones de euros, tras descontar de la suma total las inversiones en maquinaria y las ayudas adelantadas por otras vías.

En total, la crisis del Prestige costó en Cantabria 10,38 millones en recogida terrestre, 11,03 millones en recogida marítima, 15,92 millones para transportar los residuos, 4,88 millones para tratarlos, 1,80 millones en asesoramientos, 8,26 millones en ayudas a los pescadores, 3,61 millones en equipamiento de cuadrillas, 1,24 millones en otros gastos y 8,30 millones en maquinaria.