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Fueron enviadas por una supuesta organización territorial

Dos cartas complican a Evo Morales y el contrabando en Pando

Dos cartas complican a Evo Morales y el contrabando en Pando

martes 09 de diciembre de 2008, 13:35h

“Señor Presidente tal cual las conversaciones sostenidas con su ilustre autoridad en circunstancias en que estuvo de visita a nuestro departamento y posteriormente en Palacio de Gobierno conjuntamente el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el presidente de la Aduana Nacional, general (r) Cesar López y la gerente de Normas Jacqueline Villegas en el despacho del ministro de la Presidencia, donde se vio de dar solución definitiva al problema que atravesamos en este momento todos los pobladores de Puerto Evo Morales, antiguo Montevideo”, establece un carta dirigida al Presidente y firmada por los presuntos contrabandistas.

Los presuntos contrabandistas de Montevideo negociaron la salida de la mercadería retenida en la Zona Franca de Cobija con el presidente Evo Morales en el departamento de Pando y en el Palacio de Gobierno dos meses antes del 26 de agosto, cuando los pobladores de esa zona recuperaron los camiones por la fuerza, según revelan dos cartas enviadas por la dirigencia gremial de esa región al Jefe de Estado.

El vocero gubernamental, Iván Canelas, consultado por este matutino, dijo no conocer la existencia de tales misivas o a dirigentes como Jesús Chambi, por lo que evitó dar cualquier otra declaración y colgó el celular.

En la primera carta, fechada el 20 de junio y firmada por el presidente de la organización territorial de base (OTB) de Montevideo o Puerto Evo, Jesús Chambi, él y otros dirigentes de esa organización le recuerdan al presidente Morales de una reunión en el Palacio de Gobierno en la que “se vio la posibilidad de dar solución definitiva al problema que atravesamos los residentes de Puerto Evo, en el sentido de la legal reexpedición de nuestra mercadería a Puerto Evo desde la Zona Franca de Cobija”.

Chambi es uno de los implicados en el caso de contrabando de mercaderías y es investigado por la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados y la Fiscalía pandina.

De acuerdo con las averiguaciones, la carga de los residentes de Puerto Evo o Montevideo estaba detenida en la Zona Franca de Cobija desde hacía 45 días o más y los propietarios de esa carga comenzaron a gestionar una salida a la retención, por lo que acudieron al presidente Morales.

Una segunda carta, fechada el 23 de junio, ratifica que Morales se reunió con los comerciantes en Pando y luego en el Palacio de Gobierno. Un párrafo de esa segunda carta señala:

“Señor Presidente tal cual las conversaciones sostenidas con su ilustre autoridad en circunstancias en que estuvo de visita a nuestro departamento y posteriormente en Palacio de Gobierno conjuntamente el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el presidente de la Aduana Nacional, general (r) Cesar López y la gerente de Normas Jacqueline Villegas en el despacho del ministro de la Presidencia, donde se vio de dar solución definitiva al problema que atravesamos en este momento todos los pobladores de Puerto Evo Morales, antiguo Montevideo”.

La misiva dirigida al Jefe de Estado le insta a aprobar un decreto supremo para permitir que se extienda la Zona Franca de Cobija hasta Puerto Evo para que los pobladores puedan mover sus mercancías. “… Toda vez que al presente nos encontramos perjudicados con el tránsito de nuestras mercaderías paralizadas en la Zona Franca de Cobija por disposiciones del Comando Conjunto (…) causándonos esto una serie de problemas y perjuicios a nuestra economía y normal desenvolvimiento”.

El caso de los 33 camiones de contrabando estalló más de un mes después de que las misivas fueran remitidas al presidente Morales. La detención de los motorizados se dio el 27 de julio en la localidad de Santa Rosa del Abuná, por disposición del Comando de Tareas Conjuntas.

El 26 de julio, Chambi había afirmado ante el punto de Control Operativo Aduanero del kilómetro 19 que contaba con la autorización del ministro Quintana para sacar sus mercaderías de la zona franca.

Informes de la Aduana señalan que las mercaderías estuvieron aparcadas en la Zona Franca de Cobija al menos 45 días antes de que los camiones fueran detenidos.

Testimonios de los funcionarios de esa institución que visitaron la zona donde estaban retenidos los camiones señalan que los transportistas estaban muy molestos por el tiempo y recursos que les estaba costando el traslado de aquellas existencias.

Un informe de la Aduana del 28 de julio recoge el testimonio de un transportista: “Estamos cansados de estar detenidos más de 30 días (en la Zona Franca de Cobija), y ahora en Santa Rosa del Abuná, donde todo es caro. Nos dijeron que estaba todo listo y con autorización”. Las notas de Chambi en este periodo no solamente están dirigidas al presidente Morales. También existe correspondencia mutua con el ministro Quintana, con el entonces presidente de la Aduana César López y con otras autoridades.

Los comerciantes dirigidos por Chambi se remiten a una nota de la presidenta de la Aduana en 2001, Amparo Ballivián, en la que se autorizaban “las expediciones hacia la población de Montevideo como solución al problema de tránsito aduanero”.

El tránsito de mercaderías se interrumpió debido a la instalación del Comando de Tareas Conjuntas y desde entonces los comerciantes de Puerto Evo pretenden prolongar la Zona Franca de Cobija hasta su localidad.

Montevideo es un asentamiento de comerciantes en la frontera con Brasil que en los últimos años ha sido castigado por las lluvias y un incendio que prácticamente arrasó con el pueblo. Un programa del Gobierno reinstaló a los colonos en un monte, igual fronterizo, con mayor elevación y por ello fue bautizado como “Puerto Evo Morales” (ver cuadro.)

Jesús Chambi es el dirigente de la organización territorial de base de Montevideo o Puerto Evo y promovió que las familias de esta población participaran en acciones de hostigamiento en Santa Rosa del Abuná, donde estaban detenidos los camiones.

La presencia agresiva de los contrabandistas y las familias de comerciantes en la zona de los camiones se constituyó en uno de los factores que imposibilitaron el Operativo Retorno de los camiones a Zofra Cobija.

El 20 de agosto, en una reunión en la oficina de la delegada presidencial Nancy Texeira, con la participación de la Fiscalía y funcionarios de Aduana, el comandante del Comando Conjunto que reemplazó al contraalmirante Rafael Bandeira, de apellido Pacheco, afirmó que “ni con mil policías y mil efectivos militares se podrán mover esos camiones”, según documentación a la que se tuvo acceso.

A los tres días, el 23 de agosto, un operativo armado recuperó los 33 camiones y las mercaderías de los garajes.

La Fiscalía rechazó una querella

Tras la incautación de los 33 camiones que pretendían salir del país con mercadería de contrabando, la Aduana puso en conocimiento de la Fiscalía de Distrito esta anomalía a través de una denuncia que fue rechazada en una primera instancia porque la parte querellante no presentó el acta de intervención ni la valoración de la carga.

El organismo aduanero volvió a presentar una demanda el 30 de agosto en contra de los presuntos propietarios de las mercaderías: Ana María Guaqui, Margot Aguilar, Gladys Aguilar, Judith Aguilar, Jenny Lourdes Ojeda Limachi, Imp. Landos, Rodolfo Encinas, Adela Quisbert, Carlos de la Cruz, Guillermo Huanca Quispe, Manuel Montero, Gabino Mamani, Milenka Huanca, Olga Quispe, Tiburcio Chipana, Luis Orlando Camargo, Rigoberto Choque, Marcelo Siñani y Jesús Chambi.

La querella también fue presentada en contra de los conductores de los camiones: Carmelo Pérez Cartagena, Juan Carlos Timaray Aiguana, Beltrán Ochoa Luna, Juan Vargas, Juan Carlos Chalco, Guillermo Mamani, Horacio Chalco, Gonzalo Mamani, Jaime Mancilla, Efraín Paucara, Roberto Choque, Julián Cocarico Villca, Bernardo Sandro Tórrez, Gualberto Vallejos, Nicolás Olivares Yuta, Juan Carlos Vásquez Alí, Sabino Condori, Richard Cáceres, Rafael Ramos, Julio Vera, Rildo Calsina, Estanislao Mamani, Alfredo Cabrera, Edwil J. Vargas, Nicolás Olivares, Gualberto Vallejos, Milton Carlos Aliaga, Nemesio Cruz Aguirre, José Cristóbal Acosta Ledesma, Wilmer Patón Suca, César Azturillo Aliaga, Roberto Carlos Ramos, Juan Carlos Quispe y Édgar Valdés.

Todas estas personas fueron acusadas del delito de contrabando. El 30 de agosto, en el mismo memorial, la Aduana solicitó a la Fiscalía que dispusiera la retención preventiva de toda la mercancía y de los camiones que habían sido usados para transportarla a Brasil. El fiscal anticorrupción Genaro Quenta afirmó ayer en La Paz que el Ministerio Público cumplió con todos los procedimientos de investigación antes de que se formara la Comisión Especial Parlamentaria que también averigua los acontecimientos que involucran al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La investigación de este caso está a cargo del fiscal pandino Carlos Gonzales, en Cobija. La Prensa intentó comunicarse telefónicamente con él, pero fue imposible.

El viernes, el fiscal de Distrito Eloy Aspetti convocó a declarar a 114 personas presuntamente implicadas en este caso después de casi seis meses de ocurrido el hecho. La Comisión de la Cámara Baja se constituyó en cabeza de Ministerio Público; sin embargo, el fiscal Quenta señaló que la Fiscalía realiza su propia investigación.

Ex de Aduana emplaza a Quintana

El ex presidente de la Aduana Nacional César López emplazó ayer al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a dejar el poder con que fue investido para asumir su defensa en la vía ordinaria como un ciudadano común y corriente, respecto de las acusaciones que pesan por la salida de 33 camiones de contrabando en Pando.

La ex autoridad, quien denunció a Quintana ante una comisión especial de Diputados, anunció que contratará a un abogado para asumir su defensa, tras el anuncio del ministro de querellarse con López en dos procesos, uno por el delito de incumplimiento de deberes y otro por difamación y calumnia. “El ministro Quintana debe ponerse a la altura de un ciudadano común para ejercer su derecho al juicio sin ejercer el poder del Estado”.

Dijo que si la autoridad gubernamental no aceptara este pedido, estaría iniciando un proceso “extraño”, porque sería la primera vez que un ministro de Estado enjuiciara a un funcionario por decir la “verdad”. “Que explique por qué encubrió a contrabandistas de Cobija. Que diga por qué se entrometió en funciones que no le competían”. Se declaró en tres ocasiones “soldado del proceso de cambio”.

La cronología

20 de junio: el dirigente Jesús Chambi envía una carta a Evo Morales para recordarle las reuniones en Pando y en el Palacio de Gobierno para solucionar el problema de “la reexpedición de sus mercaderías”. Le piden al Presidente que emita un decreto supremo que prolongue la zona franca hasta Puerto Evo.

23 de junio: nuevamente Chambi envía una nota a Morales en los mismos términos. Tiene sello de recibido de la Presidencia el 26 de junio.

30 de junio: Chambi envía otra carta al Directorio

de la Cámara de Industria y Comercio de Pando para promover una reunión de la administración de la Zona Franca de Cobija para discutir la situación de Puerto Evo.

3 de julio: la nota de Jesús Chambi va dirigida al vicepresidente del Movimiento Al Socialismo, Gerardo García, para que se discuta dentro del partido la solución al problema de la mercadería parada.

6 de julio: la nota está dirigida al entonces presidente de la Aduana Nacional de Bolivia César López, a quien solicita la instalación de un puesto aduanero “para garantizar de esta manera la salida de mercaderías de Zofra Cobija hacia su destino final”.

21 de julio: López envía una nota a la jefa de gabinete de la Presidencia de la República, Alejandra Claros Borda, para informar al Presidente de la solicitud de los pobladores de Puerto Evo de liberar las mercaderías retenidas en la Zona Franca de Cobija.

López le dirige otra nota al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a fin de informarle que la Aduana explicó al grupo de Chambi que no le compete intervenir en la solicitud de Puerto Montevideo por ser parte de la Zona Franca de Cobija.

César López le escribe a Jesús Chambi para informarle que el pedido de Puerto Evo deberá ser tratado entre los ministerios de Producción y Microempresa y de Hacienda.

26 de julio: los 33 camiones cargados con mercadería abandonan Zofra Cobija y rebasan el punto del Control Operativo Aduanero (COA) ubicado en el kilómetro 19. Jesús Chambi afirma en el COA que tienen la autorización del ministro Quintana.

27 de julio: el Comando Conjunto actúa de oficio y detiene los camiones en Santa Rosa del Abuná por violación de tranca.

Antecedentes

El ex Presidente de la Aduana reveló el jueves que Quintana pactó con contrabandistas.

El Ministro negó tal extremo y el domingo amenazó con enjuiciar a César López.

La ex autoridad ratificó ayer sus denuncias y lo desafió a someterse a un proceso civil.

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