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¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre? Privatización

¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre? Privatización

Hospitales y centros sanitarios de todo el Estado, buena parte de ellos  en la Comunidad de Madrid, son a diario noticia en los medios de comunicación. Tristemente no lo son por la inauguración de nuevos equipamientos bien dotados en personal y medios técnicos o por los datos positivos sobre el funcionamiento del sistema de salud o por su respuesta a las exigencias de los ciudadanos. Los motivos tienen que ver, por el contrario, por las legítimas protestas de los profesionales sanitarios en las múltiples visitas propagandísticas de, entre otros, diferentes responsables políticos del Gobierno neoliberal de Esperanza Aguirre.

La derecha del Partido Popular está aplicando en las Comunidades donde gobierna, con Madrid como buque insignia, una peligrosa y simplista deformación de la realidad. Para ellos la explicación del malestar que muestra la sociedad y los trabajadores responsables de velar por la salud no tiene una raíz sanitaria. Tampoco tiene nada que ver con su política de inauguraciones apresuradas de centros hospitalarios con nuevos modelos de gestión privada de los servicios públicos de salud.

Su única explicación interesada es que aquí hay un problema de orden público y un descabellado ‘contubernio político-sindical’, en la mejor tradición de la invención de conspiraciones ‘judeo-masónicas’ que tanto juego dio a la dictadura. El PP cree atisbar que la izquierda política contrata a los sindicalistas para hacer oposición de pancarta dada su minoría parlamentaria autonómica.

Con ello, la derecha intenta devolver la pelota y tapar las argumentadas acusaciones sobre su afán privatizador que, junto a asociaciones ciudadanas, profesionales y sindicatos, realizamos desde Izquierda Unida. Pretenden, con poco éxito, acusarnos a formaciones políticas y sindicales de ser nosotros los privatizadores para desviar así la atención y negar de plano cualquier relación entre sus concesiones al sector privado y la privatización del sistema propiamente dicha.

Como no tienen suficiente con esto, recurren a su manida obsesión de convertir a la Administración Central en la única culpable de los problemas de financiación sanitaria. Olvidan que fueron los gobiernos de Aznar quienes elaboraron el actual sistema y que los fondos adicionales fueron acordados por el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas –entre ellas la de Madrid- en la primera Conferencia de Presidentes.

Pero lo cierto es que en la Comunidad de Madrid el PP ha puesto en marcha de forma generalizada un proceso acelerado de privatización funcional de servicios sanitarios. Con ello, simplemente se ha situado más allá de la legalidad de las formas de gestión que establece la Ley 15/97, así como de lo establecido por la Ley de Sanidad. Ello supone un cambio cualitativo en el carácter de servicio público sanitario que estable nuestra Constitución que, además de “garante” de la protección de la salud, establece la “prestación” pública de los servicios como criterio general.

La lectura que hace la derecha y, tristemente, también algunos sectores del propio PSOE, es que la legislación actual y la Constitución sólo garantizan la financiación pública y la provisión gratuita, lo que no impide cualquier tipo de modelo de gestión, incluido el privado, todo ello haciendo una interpretación muy particular de lo que establece la Ley de Habilitación de Nuevas Normas de Gestión del Sistema Nacional de Salud. De esta forma, lo que es una excepción pasa a ser regla y todo ello sin que la inmensa mayoría de ciudadanos a los que afecta el cambio sean conscientes de lo que está ocurriendo.

El resultado final es que se confunden los principios constitucionales con el desarrollo legislativo y se niega la competencia de dirección y ordenación que tiene el Estado, desdibujándola en la actual diversidad de competencias de las Comunidades Autónomas. Esto no deja de ser curioso en un partido político como el PP que asimila la defensa de España al férreo mantenimiento de competencias por parte de la Administración Central del Estado.

Asistimos a una mutación profunda del sistema sanitario por la puerta de atrás, sin que a casi nadie parezca importarle la inexistencia de un debate serio sobre el marco legal en el que nos movemos y, lo que es más importante, sobre las consecuencias prácticas que todo ello tiene sobre la salud y la economía de los ciudadanos.

No es de extrañar, por tanto, que cuando se ignora la ley y la deliberación política inherente al Estado de Derecho se acabe en la imposición y en la confrontación. Lo que tiene menos explicación es la pasividad del Gobierno socialista para salir también aquí en defensa clara de sus competencias de dirección y ordenación, así como de los principios constitucionales de protección y desarrollo de la salud.


*Gaspar Llamazares / Portavoz de IU en el Congreso de los Diputados
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