Vía libre a la remodelación de La Peineta

La operación suscrita consta de dos partes: la concesión del estadio del Consistorio al Club colchonero y la venta final del estadio. La concesión del estadio se realizaría, según el documento, hasta el 31 de diciembre de 2016. En este tiempo, se tendrían que llevar a cabo numerosos trámites administrativos y operaciones urbanísticas. El Atlético tiene que llevarlas a cabo en tres años y tendrán un coste total de 194,9 millones de euros (que pagará FCC como parte del pago por el suelo del Vicente Calderón).

La sucesión de acontecimientos se desarrollará como sigue. Tras realizar los proyectos de traslado, remodelación y obtención de licencias urbanísticas, el Consistorio entregará al Club el proyecto de ejecución. Después comenzarían las obras, que aumentarán las localidades hasta 73.729 espectadores (20.000 más que el Vicente Calderón), se mejorarán los accesos de transportes, se construirán aparcamientos, etcétera. De esta manera, el Atlético entraría a jugar en la Peineta (renombrada Estadio de Madrid, aunque el Club tiene derecho a cambiar el nombre) en 2012 o 2013. El Atlético tiene derecho a explotar instalaciones a usos vinculados al Club. Por ejemplo, y probablemente, un centro comercial parecido a la esquina del Bernabéu. El Ayuntamiento, entre esos usos, incluiría una base del Samur de 1.800 metros cuadrados.

Fachada especial
Si se organizan los Juegos, finalmente, el estadio, aparte de la remodelación que lleven a cabo los colchoneros, sería objeto de otra obra. Entre 2014 y 2015 se recubriría el estadio de una fachada especial relacionada con los Juegos. También se construiría la pista de atletismo, necesaria para las pruebas olímpicas. El Ayuntamiento sufragaría parte de esta operación dentro de la inversión de infraestructuras olímpicas.

Al concluir la concesión, caben dos posibilidades, la compra o la extensión de la concesión ya existente. Si el Atlético 'paga' el dinero de la operación, se quedaría con la propiedad del estadio. Si no fuese posible, otra opción sería que se extendiese la concesión anterior del Gobierno Municipal hasta los 75 años, aunque luego el estadio revertiría al Consistorio. Para optar a esta concesión, el Atlético tendría hasta 2019 para formalizar la misma, avisando con dos años de antelación. Hasta entonces, no pagaría ningún canon por el estadio y a partir de entonces pagaría 1,6 millones actualizables con el IPC año a año.

En el caso de que el Ayuntamiento no pudiese modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que se realizase la operación, tendría que pagar una indemnización al Atlético equivalente a lo invertido por el Atlético. El estadio y la parcela están valorados en 41,17 millones de euros. Este valor tendría que pagarlo el Atlético, pero el Ayuntamiento cuadra esa cuenta beneficiándose de los usos siguientes.

Base del Samur
Si hay Juegos: 31,4 millones por la cesión del estadio durante el uso olímpico, 4,4 millones por el alquiler de la base del Samur, 3,3 millones por los gastos de traslado del club del Atlético de Madrid, la factura de los gastos del traslado forzoso del Atlético a jugar a otro estadio -que probablemente sea la ciudad deportiva que el club posee en Alcorcón, que próximamente será remodelada- y la cesión de entre 500 y 1.000 entradas por partido de Liga y Copa del Rey al Consistorio que se utilizarían como promoción entre los escolares de los valores del deporte.

Si no hay Juegos: los gastos de Samur, entradas y traslado se mantendrían y el Atlético pagaría en especie reservando ocho días al año desde 2009 (es decir, hasta que la Peineta esté adaptada, se realizará esta tarea en el Calderón) para que el Ayuntamiento organice allí eventos relacionados con el deporte por un coste total de 320.000 euros anuales. Por otra parte, el Consistorio se reserva la posibilidad de utilizar el nuevo Estadio de Madrid que surgirá de la remodelación de la Peineta para celebrar los Juegos de 2020 ó 2024 si no se consiguiese la Olimpíada de 2016.

Juego a seis bandas
Esta compleja operación ha sido posible gracias a un juego a seis bandas que comienza en 2005. Los agentes implicados son: la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Atlético de Madrid, la empresa cervecera Mahou-San Miguel, Martinsa-Fadesa y FCC. El 26 de enero de 2005 el Atlético suscribe un protocolo con Comunidad y Ayuntamiento en el que muestra sus intenciones de usar el estadio de la Peineta.

El proceso continuó el 31 de julio de 2007, cuando Mahou, Atlético y Ayuntamiento acordaron lo siguiente: el Atlético se trasladaba al estadio Olímpico cediéndolo temporalmente en caso de que Madrid fuese ciudad olímpica, como explica el convenio anteriormente citado; el Ayuntamiento de Madrid conseguía que se demoliese el estadio Vicente Calderón en una zona en la que se quiere desarrollar parte del proyecto Madrid Río; Mahou vendía los terrenos de su antigua fábrica cercana al Manzanares.

El resultado era que el terreno de Mahou y parte del liberado por el Atlético, un total de 43.000 metros cuadrados, se vendían a Martinsa-Fadesa con el cambio de edificabilidad garantizado (175.000 metros cuadrados) para la creación de 1.700 viviendas libres. Allí, el suelo que recibe el Consistorio en cumplimiento de la Ley se utilizará de la siguiente manera: 6.000 metros cuadrados de zonas verdes y 12.000 para ampliar el colegio Tomás Bretón.

Zonas verdes
El espacio restante del antiguo Calderón también lo obtenía la constructora pero, dentro de los términos del acuerdo, revertía al Ayuntamiento, que planeaba allí crear dos zonas verdes. Una de 31.000 metros cuadrados resultante del espacio liberado, y otra de 21.000 metros obtenida al soterrar el tramo de la M-30 que pasaba por el Calderón y que, por motivos técnicos, no se podía soterrar cuando se realizó la intervención.

Martinsa-Fadesa, dentro de la operación, se comprometía a acometer el soterramiento de la M-30, las zonas verdes, llevar a cabo la obra de La Peineta, pagar a Mahou y construir las viviendas a cambio del aprovechamiento lucrativo que recibiese de ellas. Al presentar Martinsa-Fadesa un concurso de acreedores (suspensión de pagos), FCC se hizo con sus activos y se comprometió a realizar la operación.

El convenio suscrito no ha modificado esta ficha urbanística, aunque el soterramiento de la M-30 sí va a tener coste para el Consistorio. Exactamente, el Ayuntamiento pagará el 43 por ciento de esta operación (unos 30,7 millones de euros de los aproximadamente 140 que costaría la reforma), que supondría soterrar 300 metros de circunvalación, que estaría concluido en apenas unos meses.