Esta norma, impulsada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos, administraciones y empresas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Su principal objetivo se dirigirá a generalizar el acceso a estos adelantos tecnológicos en todo el territorio andaluz.
El anteproyecto incluye como novedad destacada un capítulo de infraestructuras en el que se establece la obligación de introducir en la planificación urbanística las preinstalaciones y dotaciones tecnológicas y de telecomunicaciones que permitan garantizar el objetivo de máxima accesibilidad.
Así, a partir de la entrada en vigor de la ley, cualquier proyecto de urbanización que se apruebe deberá acompañarse de un informe vinculante sobre este aspecto.
El texto legal obligará a los operadores de telecomunicaciones a remitir a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa planes territoriales de infraestructuras en los que se incluyan tanto sus redes existentes como las previsiones de desarrollo y ampliación.
Con ello se pretende evitar solapamientos de infraestructuras y participar de las decisiones de las operadoras para que haya un crecimiento planificado y territorialmente equilibrado.
El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, ha apuntado que la norma ya contempla las nuevas competencias de la comunidad en esta materia, planteadas en el nuevo Estatuto.
Además de los medios, recursos e infraestructuras, añadió Vallejo, el borrador recoge otros tres grandes apartados que se centran en la ciudadanía, la administración y la empresa.
Derechos de los ciudadanos
Respecto a la ciudadanía, el anteproyecto otorgará rango legal a una serie de derechos, entre los que destacan los referidos al acceso equitativo y asequible a los servicios digitales a través de internet; la formación y aprendizaje digital, con especial atención a los colectivos con más dificultades en el acceso y uso de las TIC; la seguridad y privacidad en la utilización de las nuevas tecnologías en unas adecuadas condiciones de seguridad y privacidad, y el derecho a la participación digital de los ciudadanos en la toma de decisiones de las administraciones públicas.
Junto con estos derechos, también se establece el compromiso de la Administración de adaptar sus procedimientos y mecanismos de respuesta a las nuevas tecnologías con los máximos niveles de calidad y eficiencia, así como la garantía de acceso de toda la población, con especial incidencia en la infancia, las personas mayores, las personas discapacitadas o dependientes, las minorías y la población de entornos desfavorecidos.
Administración digital
El título dedicado a las Administraciones públicas incluye capítulos monográficos para sectores estratégicos como la Salud, la Educación, la Universidad, la Justicia, el patrimonio o la cooperación digital.
La Junta de Andalucía garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos por medio de un sistema multicanal y pondrá a su disposición, de forma libre y gratuita, los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos digitales reconocidos.
Asimismo, la Administración autonómica deberá disponer de puntos de acceso electrónico vía internet, creados y gestionados por las consejerías y organismos públicos, y disponibles para la ciudadanía a través de redes de comunicación abiertas.
Otro elemento innovador recogido en el anteproyecto es la obligación de las administraciones de fomentar nuevas vías de participación a través de plataformas digitales que permitan la implicación directa de los ciudadanos en los procesos de definición y aplicación de las políticas públicas.
Finalmente, en relación con el apoyo al tejido productivo, destacan las disposiciones dedicadas a las pequeñas y medianas empresas, el fomento del teletrabajo y la generación de redes de cooperación empresarial.
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